Ecuador bajo estado de excepción: ¿es necesario sacar a las calles a las fuerzas armadas o es una distracción?

“Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armas y policiales se sentirán con fuerza en las calles”, añadió en un mensaje transmitido por el canal de televisión estatal.

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Además, Lasso anunció la renuncia del ministro de Defensa, Fernando Donoso, y a su reemplazo, Luis Hernández, quien también se refirió al mismo tema.

“Ahora las amenazas están adentro, porque no [se] puede caminar tranquilo por la amenaza de la delincuencia y la inseguridad del narcotráfico. Por eso tenemos todos [que] arrimar el hombro y las FF.AA. no pueden estar de lado”.

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Pero, ¿qué tanto la decisión de Lasso es realmente por el narcotráfico?

¿Existe la posibilidad de que sea una forma de distraer a la opinión público de las crisis -el gran motín en una cárcel de Guayaquil y la aparición de Lasso en los Pandora Papers- que ha venido sufriendo su gestión?

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¿Una emergencia real?

“Hay distintas líneas de interpretación sobre la decisión de Lasso y todas tienen algún grado de consistencia -cuenta el investigador y analista político ecuatoriano Julio Echeverría-. Lo que sí es cierto es que su gobierno está atravesando una situación bastante difícil. Hay presiones de distinta naturaleza”.

Echeverría se refiere no solo a la terrible situación penitenciaria, sino también a los Pandora Papers -que dieron fe de algunas empresas que Lasso tuvo en paraísos fiscales-. A ello, además, les suma la caída en las encuestas.

Según el portal ecuatoriano Expreso, las cifras varían dependiendo de la encuestadora, pero todas coinciden en que su aprobación ha bajado. Hasta el 4 de octubre, Cedatos indica que suma un apoyo de 63,5% -un descenso de 10,6% con respecto al mes pasado-, en tanto que Perfiles de Opinión lo sitúa con una cifra mucho más baja: 34,01%, una caída de nada menos que 30 puntos con respecto a la investigación de agosto, cuando rozaba el 64% de apoyo.

“Creo que el decreto de emergencia es una advertencia a los movimientos sociales, una forma de suavizarlos, de hacer que reduzcan su radicalismo. Aunque no sé cuán exitosa pueda ser”. Echeverría dice que todavía están frescas en la memoria de los ecuatorianos las manifestaciones de octubre del 2019 -que terminaron con fallecidos- y que el gobierno se quiere asegurar que no vuelvan a suceder.

Y ello tiene sentido si se toma en cuenta que dichas protestas fueron “manipuladas por el correísmo” y que, actualmente, el presidente tiene serias dificultades para gobernar. Lasso no cuenta con la mayoría en el Parlamento, así que, para Echeverría, “se siente acorrolado” y vive un “escenario bastante complicado para la implementación de su programa económico”.

“Los problemas se manifestaron tras la ruptura del acuerdo con el Partido Social Cristiano, Pachakutik y la Izquierda Democrática. El gobierno está huérfano de apoyos parlamentarios y en ese contexto es que se da el decreto de emergencia”.

Ante la falta de consensos, la gestión de Lasso habría decidido poner todas las cartas sobre la mesa y “advertir” que no están dispuestos a tolerar que se repita lo del 2019.

Una crisis que preocupa

Sería, sin embargo, un error negar que en Ecuador sí se ha visto un incremento en la inseguridad y que ello relacionado con la presencia del narcotráfico.

“La revuelta en las cárceles y el caos del sistema penitenciario es extremadamente grave”, sentencia el especialista y no se equivoca. Tan solo en el 2020, las peleas entre carteles mataron a 51 presos, y, hace pocas semanas, el motín en la Penitenciaría del Litoral –una de las más grandes de Guayaquil- dejó más de 100 muertos en la que ya es “la peor masacre carcelaria” del país.

El aumento del sicariato es alarmante –según El Universo, “las muertes violentas no paran, pese a operativos e intervenciones”-. Para Echeverría, se necesita actuar de forma más “inteligente”, con una reforma, una intervención más integral”.

“Y la declaratoria de emergencia no es suficiente para tratar este tema. Por eso, creo que tiene que ver con advertir a los movimientos sociales, una forma de evitar la expresión social drástica o virulenta”. En ese sentido, el especialista entiende que es la forma en la que el gobierno busca revertir los índices de desaprobación “y de desprestigio”, un recurso para “salir de la espiral de los Pandora Papers” y del “descontento generalizado” que ya se está empezando a expresar.

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