Informe revela maniobra chavista para silenciar a los medios

Desde septiembre de 2013, siete diarios regionales venezolanos dejaron de circular por la imposibilidad de obtener divisas para la importación del papel prensa que requieren, y a la fecha cinco de ellos se mantienen fuera de circulación, según los registros del Instituto Prensa y Sociedad.

La organización no gubernamental precisó que los medios que han desaparecido son "El Sol de Maturín" (estado Monagas) y "Antorcha" (estado Anzoátegui), mientras que "El Oriental" y "La Verdad" (estado Monagas) no están circulando los fines de semana. "El Nacional" pudo verificar esta semana que también han dejado de circular "El Guayanés", "El Expreso" y el "Venezolano" (estado Bolívar).

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, advierte que otros 15 de los 80 rotativos del país pueden correr la misma suerte a corto plazo si el gobierno nacional -que monopoliza la administración de divisas a través de un férreo control de cambio impuesto desde hace once años- no libera de inmediato los dólares para la compra de papel.

Ante esta asfixia, 17 medios impresos se han visto obligados a disminuir su paginación y el tiraje de sus ediciones. Miguel Henrique Otero, presidente editor de "El Nacional", señala que el diario tiene disponibilidad de papel hasta mayo. "El Impulso", otro diario de larga tradición en el país, tiene insumos para aproximadamente dos semanas.

PREMIO Y CASTIGO
"VEA", un tabloide contra el gobierno, ha publicado en su primera página que por falta de divisas no pueden publicar la revista que acompaña la edición dominical. Sin embargo, hay otros medios vinculados al oficialismo, como "El Correo del Orinoco" y "Ciudad Caracas", que por estar adscritos a organismos del Estado no tienen que cumplir los engorrosos trámites de importación que se les exige a las empresas privadas y por lo tanto disponen de los insumos para operar.

Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, señala que no solo están amenazados los periódicos y más de 30.000 puestos de trabajo que estos generan, sino que la crisis que atraviesa la prensa venezolana afecta la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los ciudadanos.

Voceros de distintos gremios, expertos en comunicación y los trabajadores de la prensa han señalado que el gobierno presidido por Nicolás Maduro concede o niega divisas para la importación de papel con la lógica del premio y castigo: se les facilita a los medios afectos al oficialismo y se les dificulta a los que abren espacios para la crítica a la gestión gubernamental.

Luisa Torrealba, representante del Instituto Prensa y Sociedad, recuerda que la discrecionalidad y el abuso en el suministro de insumos imprescindibles para el funcionamiento de los medios de comunicación es un clásico mecanismo de censura indirecta que suelen aplicar los regímenes autoritarios e intolerantes.

LA TELEVISIÓN SILECIADA 
Pero no sólo la prensa escrita ha sido castigada. El sociólogo y estudioso de la comunicación Tulio Hernández está convencido de que, por primera vez en la historia venezolana, un gobierno logra controlar plenamente la televisión: “Es una televisión monocorde, uniformada, no conflictiva en temas políticos. Se logró a través de dos mecanismos: la creación de un aparato televisivo estatal, compuesto por nueve emisoras nacionales y 120 comunitarias; y la neutralización de las más grandes televisoras: el gobierno cerró RCTV, convirtió en eunucos informativos a Venevisión y Televén y Globovisión”.

Para Hernández, el control gubernamental de la televisión venezolana puede extenderse a la prensa escrita. “A través de la compra directa de medios, el manejo arbitrario de la publicidad oficial y los obstáculos para la adquisición de papel, los diarios venezolanos están amenazados”, advierte.

El 25 de octubre de 2013, se concretó la venta de la Cadena Capriles al holding Latam Media, propiedad de la transnacional Hanson Group, y se afianzó su vinculación con el grupo financiero BOD que preside el banquero Victor Vargas. La dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Desirée Santos, se incorporó como asesora editorial para fiscalizar los contenidos de los diarios "Últimas Noticias", "El Mundo" y "Líder".

El 19 de noviembre, cuatro días después de que el presidente Nicolás Maduro fustigó un reportaje sobre el Banco Central de Venezuela publicado en "El Mundo", el director Omar Lugo fue despedido.

AUMENTAN LOS ATAQUES
A los problemas que afronta la prensa venezolana, hay que sumarle la persecución judicial ordenada por el Ejecutivo. En noviembre del año pasado se abrieron investigaciones penales contra los diarios "2001", "El Propio" y "El Universal" por divulgar en sus primeras páginas información que el gobierno considera inconveniente, como la escasez de bienes de consumo masivo y el auge delictivo.

Ese mismo mes, un tribunal ratificó la multa que tres meses antes se había impuesto a "El Nacional" por la publicación de una fotografía que mostraba el estado en que se encontraban los cadáveres en la principal morgue del país.

El informe sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela de Espacio Público correspondiente a 2013 indica que el país ha retrocedido en el cumplimiento de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

“Cada vez hay menos pluralismo en la esfera mediática con una mayor concentración gubernamental discursiva y de los contenidos. Aumentaron los casos de persecución judicial de opiniones o informaciones o la prohibición expresa de hacerlo, lo cual indica un patrón restrictivo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Estos casos contribuyen a la inhibición o autocensura y desmienten a los funcionarios gubernamentales que hablan de una amplia garantía para la libertad de expresión en Venezuela”.

El año pasado, indica el informe, se registraron 219 casos de violaciones a la libertad de expresión e información, que incluyen ataques a periodistas y medios de comunicación, censura, intimidación, hostigamiento judicial y verbal, amenazas, restricciones administrativas, opacidad en el acceso a la información pública y abuso de poder en la campaña electoral. El número de casos aumentó 1,8% con respecto a 2012.