Luisa Ortega Díaz fue destituida por la Asamblea Constituyente. (Foto: AFP)
Luisa Ortega Díaz fue destituida por la Asamblea Constituyente. (Foto: AFP)
Redacción EC

Disciplinada y firme de carácter, , quien este sábado fue destituida del cargo de fiscal general por la Asamblea Nacional Constituyente, es una veterana chavista que encabezó controvertidas acusaciones contra la oposición y hoy es la más dura adversaria del presidente Nicolás Maduro.

En cuatro meses, esta abogada de 59 años, acusada de presuntas "faltas graves" en el cargo, ha denunciado la "ruptura del orden constitucional" y cuestionado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en junio autorizó la apertura del juicio en su contra, allanando el camino para su destitución .

Rubia y de ojos claros que siempre usa gafas, Ortega también enfiló sus críticas contra el poder electoral y los militares, considerados pilares del gobierno de Maduro junto al TSJ.

Más aún, ha confrontado directamente a Maduro, al rechazar tajantemente la Asamblea Constituyente.

El diputado chavista Germán Ferrer, con quien se casó hace 18 años, la describe como "una persona con mucho temple, valiente y honesta".

"Enfrentaría cualquier cosa por defender sus valores. Ella es la garante de la legalidad en el país, está cumpliendo con su deber", comentó a la AFP.

El divorcio

Según Ferrer, su esposa empezó a desencantarse del gobierno desde el 2016 por estar en desacuerdo con algunas detenciones de opositores.

Ese distanciamiento salió a la luz cuando el TSJ emitió a fines de marzo un fallo en el que se adjudicó las funciones del Parlamento, de mayoría opositora, lo que Ortega calificó, en una sorpresiva declaración, como una "ruptura del orden constitucional".

Desde entonces, la grieta se ensanchó: Ortega pidió anular la Constituyente, enjuiciar a magistrados del TSJ y también ha criticado la "represión" de los cuerpos de seguridad contra las protestas que desde el 1 de abril exigen la salida de Maduro, y que dejan 125 muertos.

Aunque sus acciones legales han sido desestimadas, ha ido ganando apoyos en el chavismo crítico al gobierno y en la oposición.

Tildada de "traidora" por el oficialismo, la funcionaria, a quien Maduro llama "líder de la oposición", siempre ha sido de izquierda. Fue cercana a Chávez desde su campaña presidencial en 1998, cuando trabajaba como abogada en el estado Aragua (norte), y en el 2002 fue nombrada fiscal por Caracas.

Con el aval de Chávez, asumió como fiscal general en el 2007 para un periodo de siete años y en el 2014 fue reelecta por el Parlamento, entonces controlado por el chavismo.

Su gestión concluía en el 2021.

"Sagaz y con olfato político"

Ortega es recordada por imputar a los policías que la justicia condenó por el golpe de Estado a Chávez en el 2002, pero también por impulsar la condena a casi 14 años de prisión que cumple el líder opositor Leopoldo López desde el 2014, acusado de incitar a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, la definió como "una mujer afable y respetuosa", si bien cree que "en el caso de Leopoldo la Fiscalía actúo de forma muy irregular".

Un periodista de la fuente judicial que la conoce desde hace 10 años asegura que Ortega "es muy sagaz y tiene gran olfato político".

Ortega, a quien le gusta comer sano y ejercitarse caminando, dijo a CNN que además de su trabajo, su casa y las de familiares han sido blanco de "asedio permanente" en los últimos meses, cuando también fueron secuestrados su hija y nieto.

El rapto coincidió con una visita a Brasil para investigar las implicaciones del caso de corrupción Odebrecht.

"Permanecieron por tres días secuestrados, bueno a ella dos días y él tres días porque la soltaron a ella y dejaron al niño, al adolescente", señaló la fiscal sin precisar mayores detalles. Poco habla de su vida privada.

Por todo ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -cuyas decisiones desconoce el gobierno- determinó que su vida está en "riesgo inminente" y le otorgó una medida cautelar de protección.

Será sustituida de forma interina por Tarek William Saab, defensor del Pueblo y leal al gobierno, y su futuro está por verse.

Fueron congelados sus bienes y tienen prohibida la salida del país. Y ahora se sienta en el banco de los acusados frente a un sistema de justicia del que formó parte, pero que hoy no reconoce.


Fuente: AFP

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