Aprobar o rechazar: el desafío de la nueva Constitución chilena

Si se aprueba, la implementación le servirá de espaldarazo al gobierno de Gabriel Boric, quien desde un inicio apostó por el cambio. Si se rechaza, lo que viene será un camino pedregoso para el joven presidente que sigue dando tumbos en sus primeros meses en el cargo, pero también un alivio para los que consideran que el texto concebido no está a la altura de lo que se exigía y que contiene demasiados vacíos o abunda en reivindicaciones poco claras e incluso peligrosas.

Pese a que el 78% de los chilenos votó -como repercusión de las protestas sociales- a favor del cambio de Constitución, la opción del Apruebo sigue estando por detrás del Rechazo en las encuestas. El reciente sondeo difundido el viernes por Plaza Pública de Cadem señala que el 46% votaría por el Rechazo mientras que 37% se inclina por el Apruebo. Aunque la diferencia se ha ido acortando en las últimas semanas, no sería sorprendente que la Carta Magna elaborada por la Convención Constituyente no sea aceptada.

De hecho, incluso desde sectores de la centroizquierda y de la otrora Concertación se han manifestado en contra de la nueva Constitución. El más emblemático ha sido el expresidente Eduardo Frei, quien señaló públicamente que no apoya el nuevo texto.

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Las principales polémicas

“Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. Este es el artículo 1 del nuevo texto que será sometido a votación y que está ocasionando reparos alrededor del concepto de la plurinacionalidad, sobre todo porque en artículos posteriores se les otorga a los pueblos originarios “derecho a la autonomía y al autogobierno”, además de dar potestad a los sistemas de justicia indígenas sin establecer límites a su jurisdicción.

La eliminación del Senado y su reemplazo por la Cámara de las Regiones es un asunto que tampoco ha caído muy bien, teniendo en cuenta que Chile ha tenido un sistema bicameral en las últimas décadas; además del reemplazo del Poder Judicial por Sistemas de Justicia y la creación de un consejo que evaluaría a los magistrados, sobre todo por la generalidad y vaguedad de algunos conceptos.

“No está explicitado en términos muy concretos los temas que preocupan a una parte importante de la población”, señala a este Diario el sociólogo chileno Axel Callís, experto electoral y director de la agencia de investigación y sondeo social Tuinfluyes.com

“Hay cosas que han quedado sujetas a interpretaciones. Los sectores que están por el Rechazo señalan que hay cosas que han quedado tan abiertas que en el fondo surge un peligro”, explica a El Comercio la politóloga Gloria de la Fuente, docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile.

Para la experta, el principal argumento para algunos sectores en contra de la plurinacionalidad y la autonomía de los pueblos originarios es que se podría romper la unidad del Estado. “Ahí hay una mala interpretación porque el texto constitucional es explícito en decir que se reconocen las distintas etnias en Chile, pero que el Estado es indivisible en términos de la unidad territorial”, añade De la Fuente, quien sí está a favor de la nueva Constitución.

No obstante, agrega que sí fue una mala idea quitarle el nombre al Poder Judicial y reemplazarlo por el de “sistemas de justicia porque eso ha generado confusión entre la gente.

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A las críticas al texto habría que agregar el papel que tuvo la Convención Constitucional, cuyos integrantes -en su mayoría independientes y de izquierda- fueron objeto de cuestionamientos al presentar, sobre todo al inicio de los debates, propuestas extremistas y sin mayor afán de diálogo. Aunque muchos de los artículos se moderaron y se aprobaron mayoritariamente, quedó una mala imagen en la percepción de la ciudadanía.

“Ha sido difícil separar el proceso de discusión del resultado, porque muchas de las discusiones no estuvieron a la altura, teniendo en cuenta la solemnidad que debió tener, y eso a la larga ha terminado afectando la percepción sobre el texto constitucional”, añade De la Fuente.

A esto habría que sumar la desinformación, que ya se ha vuelto protagonista en los procesos políticos globales. Legisladores de extrema derecha han dicho que la nueva Constitución permite el aborto incluso a los 9 meses de embarazo, que habrá expropiación de tierras, saqueo de fondos de pensiones o que el país se convertirá en una dictadura comunista. Y esta semana, el diputado Gonzalo de la Carrera (ex Republicanos) publicó en Twitter que se está planeando un fraude pues se permitirá “votar” a los muertos y desaparecidos durante la dictadura.

Rechazar para reformar

“No nos parece que esta Constitución resuelva los problemas y carencias que los chilenos y chilenas necesitan resolver, incluso tememos que puedan terminar agravándolos”, señala el pronunciamiento del colectivo Amarillos por Chile, que reúne a académicos y políticos de centro que se han manifestado a favor del Rechazo. Y añaden: “El plebiscito de salida no es una elección entre la constitución del 80 y la nueva Constitución, es sobre si aprobamos o rechazamos el texto que se nos presenta”.

Y en esto justamente se ha centrado el debate. Los chilenos se han manifestado mayoritariamente -en las calles y en las urnas- que la Constitución heredada de la dictadura pinochetista no puede seguir rigiendo.

“Estamos en una campaña muy extraña”, dice Callís. “Los estudios de opinión pública te muestran que una buena parte de la población quiere una nueva Constitución, ya no quiere la que está vigente, pero la nueva propuesta tampoco les convence”, agrega.

Y para eso señala que hay dos caminos: votar el Apruebo, pero esperando que se reformen y clarifiquen los artículos que generan más desconfianza; y la otra es votar por el Rechazo para empezar nuevamente otro proceso constituyente.

“Las posturas duras de ambos lados están tendiendo a ser minoritarias”, añade Callís. Ciertamente, según la última encuesta de Cadem, solo el 12% quiere que la nueva Constitución se quede tal como está propuesta, mientras que un 17% que la rechaza prefiere seguir con el texto vigente.

Justamente, la semana pasada los partidos que conforman el oficialismo -y que tienen representación en el Congreso- firmaron un acuerdo en el que se comprometen a mejorar el texto en caso de que gane el Apruebo.

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Al mismo tiempo, el presidente Boric ha anunciado que de ganar la opción del Rechazo, se consultará a la ciudadanía nuevamente si es que se desea elaborar un nuevo texto, teniendo en cuenta que la abrumadora mayoría votó en su momento por cambiar la Constitución.

“Lo que hay en la sociedad chilena es claridad de que exista un proceso que garanticen todas las cosas que surgieron al calor del estallido social. Lo está en juego en el plebiscito es la confianza respecto a las alternativas que se ofrecen a partir del texto constitucional para hacer realidad esos cambios, y particularmente esos derechos sociales que las personas solicitan hace mucho tiempo en Chile”, señala Gloria de la Fuente. Y concluye: “En lo que sí hay consenso es que la Constitución de 1980 ya no va”.