Militantes del MAS arropan a Arce ante el cuarto día de protestas en Bolivia

Miles de partidarios del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) manifestaron este jueves su apoyo al Gobierno de Luis Arce ante lo que consideran intentos de desestabilizar su gestión por una huelga que se cumple parcialmente desde el lunes en algunas regiones de Bolivia.

Cocaleros, campesinos e indígenas afines al oficialismo llenaron las butacas y casi también la cancha del estadio de Shinahota, en la zona central del Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Evo Morales, para expresar su respaldo a Arce por las protestas de sectores como transportistas, comerciantes informales y cívicos contra una polémica ley.

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El encuentro, liderado por Arce y Morales, también fue convocado para recordar los dos años de la salida del exgobernante del país tras renunciar a la Presidencia, lo que para el oficialismo fue producto de un “golpe de Estado”, además de celebrar un año de su retorno desde Argentina.

Las intervenciones de ambos políticos estuvieron precedidas por sendos discursos de sindicalistas afines al MAS quienes reclamaron cárcel para varios líderes opositores a quienes culpan por la crisis de 2019, además de advertir que no permitirán un nuevo “golpe de Estado”.

Morales, que preside el MAS y lidera a los sindicatos de cocaleros del Trópico de Cochabamba, pidió a la militancia oficialista organizar “marchas a las ciudades pacíficamente” para “defender” al Gobierno de Arce, pues “de lo contrario vuelve la derecha para privatizar los recursos naturales”.

El exmandatario consideró que la “derecha” busca “desgastar” al Gobierno porque “sabe que no va a ganar” al MAS en las elecciones y, a su juicio, buscan volver a la época del “neoliberalismo”.

Arce coincidió con Morales al asegurar que lo que sus detractores “no ganaron en las elecciones quieren ganarlo a través del golpe de Estado, otra vez”.

El mandatario acusó a la “derecha” de usar “la mentira como principal arma” para convencer a algunos sectores como comerciantes y transportistas de que la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo afectará su patrimonio, lo que según las autoridades no es verdad.

EL CONFLICTO

Este viernes se cumplió el cuarto día de una huelga nacional indefinida que se lleva adelante de forma parcial en regiones como Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Tarija.

Santa Cruz, la mayor región y motor económico del país, lidera las protestas contra la llamada “ley madre” que los sectores movilizados consideran que atenta contra las libertades ciudadanas.

El transporte pesado protagonizó en esta jornada un “camionazo”, una caravana de camiones que recorrió las calles cruceñas reclamando la abrogación de la cuestionada norma.

En Potosí hubo una masiva movilización de mineros de cooperativas contra la norma y también contra las reacciones violentas de la Policía y sectores afines al MAS contra la protesta en esa región.

El conflicto podría intensificarse este viernes, cuando se prevén movilizaciones en regiones como Chuquisaca, donde comerciantes y líderes sindicales anunciaron una huelga de 24 horas.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, invitó a los comerciantes informales a dialogar el sábado en Cochabamba sobre la ley.

Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que el Gobierno “siempre” ha estado “abierto al diálogo y mantiene comunicación con algunos sectores movilizados, pero cargó contra el líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, al que tildó de “golpista, antidemocrático y racista”.

Según Prada, Calvo habló de “tumbar al presidente”, aunque el líder cívico en realidad se refirió al riesgo de que eso ocurra en caso de que sectores antes afines al oficialismo como los mineros potosinos se sumen a las protestas.

El conflicto ha dejado expuesta una vez más la polarización que persiste en Bolivia desde 2019, con el oficialismo que asegura que Evo Morales fue derrocado por un golpe de Estado, y sus detractores, que sostienen que la crisis fue consecuencia de las denuncias de fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año, luego anulados.

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