Andrés Chadwick, el culpable político de las violaciones a los derechos humanos en Chile

El miércoles, el Senado de Chile aprobó una acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, inhabilitándolo durante cinco años para ocupar cualquier cargo público debido a su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones contra del Gobierno de Sebastián Piñera que estallaron el 18 de octubre.

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“Jamás, ni deliberadamente o no deliberadamente, he adoptado una medida o he omitido una medida con el propósito que se pueda abusar de los derechos humanos de ninguna persona”, respondió Chadwick a la decisión de los legisladores, la misma que calificó como “injusta, infundada y politizada”.

Unas 24 personas han fallecido durante las protestas en Chile, de acuerdo a cifras del Gobierno. Aunque organizaciones como Human Rights Watch (HRW) señalan que la cifra real sería de 26.

Además, según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), hasta el 6 de diciembre se registraron 3.449 heridos -352 de ellos presentaban lesiones oculares-, 108 denuncias de violencia sexual y más de 500 querellas por torturas y tratos crueles.

Informes de Amnistía Internacional (AI) y HRW han señalado a Carabineros y al Ejército como principales responsables de los muertos y heridos debido al “uso de la fuerza de manera innecesaria y excesiva”. A estos reportes se sumó el lapidario informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que manifestó su grave preocupación por las innumerables denuncias de violaciones de derechos humanos recibidas.

Chadwick, un abogado y político afiliado al Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), fue removido del cargo de ministro del Interior el 28 de octubre junto a un tercio del gabinete como una de las primeras medidas de Piñera ante la crisis.

El otrora encargado de velar por la seguridad interna de Chile es, además, primo hermano del presidente. Inició su trayectoria política en 1977, cuando aún estudiaba Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, presidiendo el Movimiento Gremialista del centro de estudios. En 1979 encabezó la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y un año después fue electo dirigente del Frente Juvenil de Unidad Nacional, el mismo que presidió dos años más tarde.

Llegó al UDI en 1983 y ocupó diversos cargos destinados a las bases jóvenes del partido. En 1990 fue elegido como diputado, en 1994 fue designado vicepresidente del UDI y reelecto en la Cámara de Diputados. En 1997 llegó al Senado y en el 2006 lo reeligieron para el cargo. En julio del 2011, durante el primer gobierno de Piñera, inició su labor como ministro de Secretaría General y un año después fue nombrado ministro del Interior.

Durante el segundo mandato de Michelle Bachelet presidió el directorio de la Fundación Avanza Chile, una organización de centro-derecha creada por Piñera para desempeñar una labor opositora al Gobierno.

Con el regreso de Piñera al poder, en marzo del 2018, Chadwick volvió a ser designado a la cabeza del Ministerio del Interior. Durante este segundo periodo ministerial, se registró el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de un Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros.

El informe final presentado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en setiembre de este año determinó que tanto Chadwick como el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, tuvieron responsabilidad política directa en el caso.

La investigación también alertaba que el asesinato de Catrillanca fue “consecuencia de la intensificación voluntaria y consciente por parte del Gobierno, de una política de violencia institucional y criminalización del pueblo mapuche".

Finalmente, el informe de 247 páginas concluía en que “existe una falta de control por parte del poder civil sobre Carabineros”.

Tres meses después de conocerse el informe, la falta de control sobre la que advertía le ha costado a Chile una veintena de vidas perdidas en las últimas protestas y a Chadwick la imposibilidad de ocupar algún cargo político hasta el 2024.