Los manifestantes huyen de los gases lacrimógenos lanzados por la policía antidisturbios durante una protesta para exigir un censo para 2023 en Santa Cruz, Bolivia.
Los manifestantes huyen de los gases lacrimógenos lanzados por la policía antidisturbios durante una protesta para exigir un censo para 2023 en Santa Cruz, Bolivia.
/ Archivo / Rodrigo URZAGASTI / AFP
Agencia EFE

Los líderes de la región de la mayor y motor económico del país, resolvieron este lunes mantener la huelga que se cumple desde hace 31 días por el censo de población ante la suspensión de la sesión parlamentaria que debía tratar una ley sobre el empadronamiento.

En una declaración a los medios, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, expresó su molestia con la actitud del Gobierno de Luis Arce y del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

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“El Gobierno no tiene intenciones de escuchar, no tiene intenciones con lo que nos ha mostrado hoy día de poder dar solución a este conflicto. Nos sigue haciendo perder el tiempo una vez más”, manifestó Calvo.

El dirigente sostuvo que en esta jornada debió haber “un consenso” parlamentario para tratar una ley sobre la encuesta nacional y recordó que hay “un compromiso de los tres poderes”, Ejecutivo, Electoral y Legislativo, para dar certezas sobre la aplicación oportuna de los resultados del censo, “y una vez más nos vuelven a mentir”.

También afirmó que “esta lucha es de todos” y debe “continuar” hasta que las autoridades “escuchen” al pueblo y pidió a los ciudadanos cruceños que sigan “siendo valientes”.

“Esto no es un capricho de los cruceños, no es un capricho del comité, es una necesidad por buscar un futuro diferente para nuestros hijos”, aseguró.

Dirigiéndose al presidente Arce, Calvo dijo que “está en sus manos dar solución” al conflicto y le pidió “que no juegue” con Santa Cruz, además de recordar que un reciente cabildo con una masiva participación definió “revisar qué hacemos los cruceños en un país que no nos quiere”.

El censo debía realizarse el pasado 16 de noviembre, pero el Gobierno de Arce lo postergó para 2024 argumentando “problemas técnicos”, lo que causó el rechazo sobre todo de Santa Cruz que el 22 de octubre inició una huelga indefinida por la pronta realización de la encuesta nacional.

Arce aprobó hace unos días un decreto que fijó el 23 de marzo de 2024 como fecha definitiva para el empadronamiento, pese al reclamo cruceño de que sea en 2023.

Los líderes cruceños reclaman una ley que también marque los tiempos de la entrega de datos finales de la consulta hasta septiembre de 2024, para que la nueva distribución de escaños parlamentarios y recursos se aplique para 2025, año de elecciones nacionales.

La Presidencia de la Cámara baja llamó a una sesión para tratar al menos seis propuestas legislativas sobre el censo, pero la convocatoria fue suspendida debido a que ninguno de los proyectos contaba con el informe de comisión requerido para pasar a discusión en el pleno.

La comisión de parlamentarios inició su trabajo esta jornada pero hizo una pausa para conseguir consensos para tener un único proyecto de ley.

En el MAS hay dos posiciones, una que considera que la aprobación de una ley puede servir para levantar las protestas en Santa Cruz y otra, del sector más cercano al expresidente Evo Morales, que rechaza esa opción y cree que un decreto es suficiente.

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