Venezuela: Más 43 mil firmas por derechos de presos políticos
Venezuela: Más 43 mil firmas por derechos de presos políticos

Más de 40 mil firmas registradas en la plataforma de peticiones online change.org solicitan que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) intercedan ante el Gobierno de Nicolás Maduro para que presos políticos, como o Daniel Ceballos, puedan recibir atención médica adecuada. 


La campaña, iniciada el 8 de junio por el movimiento ciudadano Acción por la Libertad, está dirigida a los Secretarios Generales de Unasur y la OEA, Ernesto Samper y Luis Almagro respectivamente. 

El pedido es que ambas organizaciones intercedan ante el Gobierno venezolano para que autorice al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a realizar visitas humanitarias a los presos políticos con el fin de verificar su estado de salud, condiciones de reclución y garantizar que gozan de la atención médica adecuada. 

Según una nota de prensa enviada por Acción por la Libertad a El Comercio, el total de firmas recogidas hasta el 7 de julio (42.848 firmas) fueron entregadas a la Secretaría General de la OEA. Además, la nota añade que se tenía programado para hoy por la tarde que Danko Vallejo, miembro de SOS-Ecuador, entregara el mismo documento a Unasur.

La petición también detalla que al CICR no se le ha permitido visitar las cárceles venezolanas desde el año 2013, según manifestó Peter Maurer, presidente de la CICR, el 8 de abril. Maurer indicó en aquella oportunidad que pese a esfuerzos y conversaciones de alto nivel, su organización no pueda visitar a presos en Venezuela desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013.

El CICR es una organización internacional, independiente y neutral, cuyo propósito es prestar protección y asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia. Entre las actividades del CICR se encuentra visitar a las personas privadas de libertad, para verificar que reciban un trato digno y de ser el caso, trabajar con las autoridades gubernamentales para prevenir los abusos y mejorar las condiciones de detención.