(Foto: AP)
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Roger Zuzunaga Ruiz

El Foro Penal es una de las fuentes más confiables que hay en para obtener información sobre el funcionamiento del sistema judicial en ese país. Sus 3.000 abogados y colaboradores monitorean también la situación de los detenidos durante las manifestaciones de la oposición. Conversamos con su director, Alfredo Romero.


— ¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela?
Son 498 presos políticos. En mis 18 años como defensor de derechos humanos nunca vi una cantidad tan grande. Estas personas están privadas de la libertad por una orden judicial o no han sido presentadas ante un tribunal una vez transcurrido el tiempo legal para ello. También hay detenidos políticos, que son 1.209. Ellos están a la espera de ser presentados ante un tribunal.

— ¿Qué pasa con los casos de personas que tienen órdenes de excarcelación y que no son liberadas?
De los presos políticos hay 19 en esa condición. Lo que sucede es que el Sebin [policía política] no los libera, pues asume la detención como un tipo de control judicial. El Sebin, que depende directamente del presidente Nicolás Maduro, los mantiene secuestrados. Eso es nuevo e identifica a la clara que hay una dictadura.

— ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona en esa situación?
Los que más tiempo llevan así son 14 personas y el 8 de agosto cumplen un año.

— ¿Hasta antes de las protestas de abril cuántos presos políticos tenían registrados?
Había 117. Hay que recordar que ese no es un número fijo, porque liberan a unas personas y encarcelan a otras, por lo que en promedio se mantenían alrededor de 100.

— ¿Qué limitaciones tienen quienes son liberados?
Desde el 1 de abril hubo 4.590 arrestos. El 80% de las personas arrestadas queda con restricciones después de la liberación. La mayoría ya no puede volver a protestar.

— ¿Cuánto ha agravado la situación el uso de los tribunales militares?
Ya superamos las 480 personas presentadas ante esos tribunales. La mayor parte de presos políticos han sido privados de la libertad por ellos.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)

— El Foro Penal sostiene que la incomunicación de los detenidos es un patrón...
Ahora la situación es más grave. Se está incurriendo en la desaparición forzada, al menos de manera temporal, de los detenidos pues no se comunica a dónde se los llevan. Por ejemplo, recientemente se arrestó al magistrado designado por la Asamblea Nacional Ángel Zerpa, quien fue llevado al Helicoide [un centro de detención del Sebin] y encerrado en un baño con heces fecales. Supimos de su paradero cuando fue llevado a un tribunal militar. La familia nos designó como sus abogados, pero no nos dejaron entrar y le impusieron un defensor público. Hasta hoy nadie lo ha visto.

— ¿Tienen expedientes para que en el futuro se juzgue a los responsables de abusos?
Claro. Tenemos detallados todos los casos desde el 2002. Aquí no solo se trata de un asesinato que ocurrió en una manifestación, hay una relación entre todos los asesinatos. Asesinan personas porque son las que se manifiestan o lideran protestas. Y todo está dirigido por personas específicas, como los directores del Sebin y por el propio presidente de la República, quien ordena públicamente las detenciones.

— Entonces esas responsabilidades llegarán al presidente
No hay duda de que pueden alcanzarlo, porque es el responsable de que no se libere a las personas del Sebin, es responsable de que las fuerzas especiales entren en los domicilios sin orden judicial, es responsable de que se juzgue a civiles en tribunales militares violando la Constitución.

— ¿Qué va a pasar con la justicia tras la instalación de la Asamblea Constituyente?
Para mí la Constituyente es un punto más dentro del proceso de fachada que el Gobierno quiere implementar. La justicia no existe en Venezuela. Lo que existen son órdenes presidenciales de carácter dictatorial. Desde mi punto de vista, el más interesado en que no haya Constituyente es el propio Maduro, porque lo que viene es la anarquía, que implica hasta menor control por parte del Gobierno.

Pero de ahí a que la Constituyente afecte a la justicia, no, porque el Gobierno hoy puede meter preso a quien quiera, y ya lo ha hecho incluso sin órdenes. El Gobierno puede torturar, ordenar agresiones, como ya ha ocurrido. Acá todos dependemos de una decisión presidencial para ser encarcelados o no. Hoy no existe un juez en Venezuela que para tomar una decisión no llame antes al Ejecutivo para que le diga qué debe hacer.

— El Gobierno ha anunciado una comisión de la verdad una vez instalada la Constituyente...
La Constituyente va a incrementar las fichas de negociación del Gobierno, que incluyen rehenes y presos políticos. La Constituyente es un paso más allá de la dictadura, porque la dictadura ya existe, la veo todos los días en las cárceles y en los tribunales. Por ejemplo, el martes fueron presentados ante tribunales 13 muchachos, uno de ellos violado por la policía, otros golpeados brutalmente. A una muchacha de 12 años la manosearon. A la gente la sacan de sus casas sin órdenes de allanamiento ni de captura.

— ¿Bajo qué condiciones la oposición debería negociar con el Gobierno?
No puede existir ninguna posibilidad de sentarse con el Gobierno teniendo presos políticos. Su liberación no debe ser parte de la negociación, sino la base para empezarla.

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