La Paz. La Fiscala de Bolivia imput hoy a siete personas por la supuesta violacin y muerte de un beb de ocho meses que resida en un centro de acogida dependiente de la Gobernacin de La Paz, inform una fuente oficial.
Una comisin de fiscales formada para investigar este caso decidi acusar de los delitos de infanticidio y encubrimiento a esas personas, entre las que hay empleados del centro de acogida y mdicos del hospital al que el pequeo fue trasladado supuestamente tras sufrir el abuso sexual, dijo la fiscal Edna Montoya, segn radio Erbol.
Hasta ahora haban sido detenidas 10 personas: seis mdicos del Hospital del Nio que derivaron al menor a otro hospital, adems de otro mdico, un portero, una enfermera y una cuidadora, todos ellos funcionarios del orfanato.
La muerte del beb, que trascendi ayer, caus una conmocin generalizada en Bolivia y peticiones de castigos ejemplares para el autor o autores del crimen.
El pequeo scar, que resida desde hace un tiempo en el orfanato pblico Virgen de Ftima tras ser rescatado de sus padres alcohlicos, sufri un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de las hemorragias internas que le provoc la violacin, segn ha determinado la autopsia.
Montoya afirm que la Fiscala concluy que el infanticidio ocurri en el Hospital del Nio de la capital pacea, adonde el pequeo fue llevado supuestamente tras sufrir la violacin y cuyos mdicos derivaron el caso a otro hospital tras reanimar al beb, que lleg en parada cardiorrespiratoria al primer centro sanitario.
Mientras, el gobernador del departamento de La Paz, el oficialista Csar Cocarico, calific este sbado de incomprensibles las circunstancias que llevaron a la muerte del pequeo scar y pidi una investigacin rpida para aclarar lo ocurrido.
Cocarico, segn la agencia estatal ABI, advirti que no habr proteccin para los implicados en el caso: no dejaremos pasar nada, no importa si es amigo, si es nuestro personal, llegaremos a la verdad de los hechos, asegur.
Aunque reconoci que el maltrato est comprobado, pidi que se aclaren las circunstancias y en particular, el lugar en que se produjo la supuesta violacin.
Cuando ayer trascendi el caso, la Defensora del Pueblo de Bolivia manifest su consternacin y anunci que pedir a la Gobernacin de La Paz un informe sobre las medidas de seguridad y control que existen en sus centros de acogida de menores.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, indic en un comunicado que exigir un informe detallado sobre las medidas de seguridad y control () para garantizar la seguridad, cuidado y proteccin de los pequeos, as como los criterios, requisitos y evaluacin sicolgica que se aplica al personal contratado para trabajar con los menores.
La Gobernacin de La Paz, consider el alto funcionario, no puede eludir su responsabilidad en este caso porque estos centros estn bajo su responsabilidad.
Este caso tiene lugar en medio de una ola de denuncias de violencia sexual contra mujeres y menores, que ha preocupado a las autoridades del Gobierno, que estudia qu acciones poner en marcha para frenar los recurrentes casos de abuso y ataques sexuales.
Fuente: EFE