Mehdi Mohammadifard, un manifestante de 18 años, fue condenado a muerte acusado de incendiar un quiosco de la policía de tráfico en la ciudad occidental de Nowshahr.
Mehdi Mohammadifard, un manifestante de 18 años, fue condenado a muerte acusado de incendiar un quiosco de la policía de tráfico en la ciudad occidental de Nowshahr.
/ Twitter
Agencia AFP

Dos adolescentes fueron condenados a morir en la horca por su participación en las protestas que sacuden la República Islámica desde hace meses, denunció el lunes una organización de defensa de los derechos humanos.

Dos hombres de 23 años ya han sido ejecutados por las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que falleció en septiembre tras ser detenida por la policía de moralidad por infringir el estricto código de vestimenta del país.

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Las oenegés temen que decenas más corran el riesgo de ser ahorcados porque las autoridades utilizan la pena capital como táctica intimidatoria para intentar sofocar las protestas.

Mehdi Mohammadifard, un manifestante de 18 años, fue condenado a muerte acusado de incendiar un quiosco de la policía de tráfico en la ciudad occidental de Nowshahr, en la provincia de Mazandarán, informó la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

La condena a muerte fue dictada por un tribunal revolucionario en Sari, la capital provincial, tras declararlo culpable de los cargos de “corrupción en la tierra” y “enemistad contra Dios”, indicó la organización.

La doble condena significa que se le han impuesto dos penas de muerte.

Por otra parte la agencia de noticias del poder judicial, Mizan Online, afirmó que el tribunal supremo había confirmado en diciembre la condena a muerte de otro manifestante, Mohammad Boroghani, acusado de “enemistad con Dios”.

Boroghani habría “herido con un cuchillo a un guardia de seguridad con intención de matarlo”, “sembrado el terror entre los ciudadanos” e “incendiado la sede de la gobernación en la ciudad de Pakdasht”, al sureste de Teherán. Según IHR tiene 19 años.

La oenegé afirmó la semana pasada que al menos 100 manifestantes corren el riesgo de ser ejecutados tras haber sido condenados a muerte o acusados de delitos punibles con la pena capital.

Los primeros ahorcamientos provocaron una protesta internacional y los grupos de derechos humanos piden que se presione más a Irán para evitar nuevas ejecuciones.

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