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Agencia AFP

El líder independentista urgió este miércoles desde Bruselas al gobierno español a permitir su investidura con "normalidad" como presidente catalán, tras un encuentro con el jefe del Parlamento regional, sin aclarar si regresará a España para el debate.

"Si el Estado español entendiera que lo mejor para todos es que el debate se celebre con normalidad, creo que daría un paso de gigante", dijo en rueda de prensa Puigdemont, urgiendo a Madrid a retirar "todos los elementos que impiden la normal celebración del pleno".

El presidente del Parlamento catalán, el también independentista Roger Torrent, ultima los detalles de la sesión de investidura del presidente regional que debe celebrarse antes del 31 de enero y en la que Puigdemont, acusado por la justicia española de rebelión, es el único candidato.

La incertidumbre planea sobre si el presidente catalán cesado por el gobierno español a fines de octubre tras una declaración de independencia fallida se presentará en persona al debate de investidura ante la cámara situada en Barcelona.

Puigdemont, que apuntó a "muchas posibilidades" diferentes, precisó que la "investidura presencial" es la "ideal". "Hemos hablado de la investidura y él no me ha descartado la posibilidad de que sea presente", agregó por su parte Torrent.

- ¿Investidura a distancia? -

Pero si regresa a España, se arriesga a ser detenido y enviado a prisión, al igual que los otro cuatro diputados electos instalados en Bélgica e igualmente acusados de rebelión, sedición y malversación por su papel en la declaración de independencia.

Ante un eventual regreso, Madrid anunció que no escatimará medios para impedir su entrada en el Parlamento, incluso si lo intenta "en el maletero de un coche", en palabras del ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido.

La otra posibilidad en la que trabajan el partido Juntos por Cataluña (centroderecha) de Puigdemont es una investidura a distancia, algo que los servicios jurídicos de la cámara regional consideran ilegal y un movimiento que Madrid ya anunció que impugnaría.

En declaración a la radio Onda Cero, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, precisó que recurrirían concretamente "la decisión de la mesa que diga que el señor Puigdemont" puede "comparecer a través de una televisión" ante el pleno.

La actuación de Madrid, que activó en octubre el Artículo 155 de la Constitución para hacerse con el control de la región, recibió de nuevo este miércoles el respaldo del rey Felipe VI, quien desde Davos advirtió que "los desacuerdos políticos" deben resolverse de acuerdo al "marco legal" español.
- 'Desde el minuto 1' -
En su visita a Bruselas, Torrent también se reunió con los otros cuatro diputados electos presentes en Bélgica, que hacen frente a las mismas acusaciones que el líder independentista en España pero cuyos votos podrían ser fundamentales para su reelección.
Las fuerzas independentistas cuentan con 70 diputados en el Parlamento catalán, dos por encima de la mayoría absoluta, si bien siete de ellos no están en condición de ejercer: además de los cinco en Bélgica, otros dos están en prisión en Madrid.
El juez permitió a los encarcelados delegar su voto en la primera sesión de constitución de la cámara, si bien la incertidumbre planea sobre la posibilidad de otorgar un voto telemático a los cinco miembros del gobierno catalán cesado en Bélgica.
En este contexto, las declaraciones de Torrent, de la formación independentista ERC (izquierda), sobre que su objetivo es trabajar para lograr "un gobierno efectivo desde el minuto 1" se interpretan, como indica el diario catalán La Vanguardia, como una presión a Puigdemont por si no puede finalmente ejercer.
El encuentro entre Puigdemont y Torrent, más los otros cuatro diputados, se realizó en la sede del partido político europeo Alianza Libre Europea, después que el gobierno español impidiera su celebración en la sede del gobierno catalán en la capital de la UE.
"Se han dado instrucciones a la delegada de la Generalitat de Cataluña en Bruselas para que no permita que se celebre la reunión en los locales de la delegación de Cataluña en Bruselas", indicó una fuente diplomática en Madrid. El gobierno tiene bajo su tutela la instalación desde fines de octubre.
Tanto Puigdemont como Torrent criticaron la decisión de Madrid y el presidente de la cámara catalana anunció incluso que pidió a los servicios jurídicos de la cámara regional que "estudien las consecuencias legales de esta decisión arbitraria del gobierno del Estado español".

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