Venezuela: Contraloría General inhabilita a cinco opositores para ocupar cargos públicos

La Contraloría General de Venezuela inhabilitó a cuatro opositores, entre ellos un alcalde, para ejercer “cualquier cargo” público por 15 años, así como a otro antichavista por un período de 12 meses, según se puede constatar este miércoles en la página web de la institución.

Los sancionados hasta el año 2039 son el alcalde del municipio El Hatillo (estado Miranda, norte), Elías Sayegh, el exdiputado Tomás Guanipa y los exalcaldes José Fernández y Carlos Ocariz, mientras que el exparlamentario Juan Caldera está inhabilitado “por 12 meses”.

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De los cinco, Guanipa, Ocariz y Caldera pertenecen al partido Primero Justicia (PJ), intervenido el lunes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que entregó el mando al candidato presidencial José Brito, expulsado de la formación en 2020 ante señalamientos de presunta corrupción.

La presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, dijo este miércoles a EFE que estas nuevas inhabilitaciones -que se anuncian cuando el país se prepara para celebrar las presidenciales el próximo 28 de julio- significan “una nueva arbitrariedad” por parte del “régimen”, en referencia al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien busca su segunda reelección.

“El régimen actúa de esa forma, sabe que tiene una fecha de vencimiento, que es el 28 de julio. Nuestro objetivo es luchar por una Venezuela donde estas injusticias no ocurran y haya un verdadero Estado de derecho”, expresó la dirigente.

De PJ, también está inhabilitado el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien no puede ocupar cargos públicos hasta 2032, una sanción que fue ratificada en enero por el Supremo.

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Primero Justicia forma parte de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que eligió al exembajador Edmundo González Urrutia como su candidato presidencial, en sustitución de María Corina Machado -ganadora de las primarias de octubre pasado-, quien está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular.

La página de la Contraloría no precisa las razones por las que fueron inhabilitados.

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