45 días en huelga, por Manuel Villa-García

Si no hay solución, ¡la huelga continúa! Este es el grito que hemos venido escuchando, durante 45 días, de los empleados del Poder Judicial.

Cualquier persona de a pie sabe que los trabajadores del Poder Judicial han realizado una huelga nacional indefinida desde el último 25 de marzo. Ante este caos, surgen las preguntas: ¿Por qué los trabajadores del Poder Judicial están hace más de un mes en huelga? ¿En qué consiste la Ley del Servicio Civil? ¿Por qué los trabajadores del Congreso o de la Sunat, entre otros, no están comprendidos en la norma y los del Poder Judicial sí?

Hace unos días escuchamos a través de diferentes medios de prensa que los empleados del Poder Judicial acordaron levantar esta medida extrema de huelga, a la espera de que el Congreso se pronuncie.

Expliquemos el problema. La Ley del Servicio Civil pretende establecer un único régimen para todas las personas que prestan servicios a las entidades públicas del Estado, a efectos de brindar a la ciudadanía un servicio civil de buena calidad, pues, en la actualidad, este se encuentra desordenado y sin planificación; lo que genera un servicio claramente ineficiente.

Sin embargo, la misma ley se “dispara en el pie”, pues establece en la primera disposición complementaria final que existen algunos trabajadores que no están comprendidos en dicha normas, como los del Congreso o los de la Sunat. Nos llama poderosamente la atención la exclusión de dichos trabajadores, dado que no les serán aplicables las disposiciones contenidas en la ley, sino de manera supletoria.

A la fecha, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo han podido explicar esta “no inclusión” de ciertas entidades en la norma, pues no existe un criterio objetivo o técnico que fundamente la exclusión de ciertas entidades del Estado en la Ley del Servicio Civil. 

Entendemos que el no incluir a dichas entidades en la ley se debe a razones políticas y no técnicas. Sin embargo, esto es gravísimo, pues a partir de ahora se podrían incluir en nuestras normas disposiciones sin ningún sustento, cosa por demás inaceptable.

Por ello, los trabajadores del Poder Judicial tomaron la decisión de realizar esta huelga nacional, pues no conciben, ni nosotros tampoco, que los empleados del Poder Legislativo o los de la Sunat no hayan sido comprendidos en la ley y los del Poder Judicial sí. Ahora son ellos, pero mañana podrían sumarse más trabajadores, como aquellos que laboran en las fiscalías, que también consideren que no deben ser comprendidos en esta ley.

Conociendo que el servicio brindado a la ciudadanía es ineficiente, imaginemos que más trabajadores empiecen otras huelgas; finalmente, tendríamos un verdadero “caos estatal”.

Estamos de acuerdo con que es necesaria una reforma para establecer un único régimen para las personas que trabajan para el Estado, a efectos de brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. Pero debe hacerse, evidentemente, sin excepciones, es decir, para todos los empleados que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Si se decide no incluir a los empleados del Congreso, tenemos que hacer lo mismo con los empleados del Poder Judicial. Muy sencillo: ante la misma razón, el mismo derecho.

Apoyemos al Poder Judicial: es justo el pedido de sus trabajadores.