616 víctimas por hora, por Juan Arroyo

Hace unos días robaron en el distrito de Ate el equipamiento médico de una ambulancia de los bomberos, incluido el desfibrilador cardíaco. Así están las cosas en términos de seguridad ciudadana. Nadie se salva. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cada hora en el país 616 personas son afectadas por un hecho delictivo. El año pasado, el 30,5% de la población urbana mayor de 15 años fue víctima de algún evento de este tipo. La mayor parte fueron robos o intentos de robo de dinero, carteras o celulares (20,4%), le siguen las estafas (7,0%), robos de vehículos (3,4%), robos de negocios (0,8%), secuestros y extorsiones (0,2%). Esta última cifra puede parecer pequeña, pero no es así. Representa a 35.412 personas víctimas de extorsiones y secuestros solo en el 2014. 

Con esta oleada delictiva, la percepción de inseguridad en la población ha ascendido de 79,2% en el 2010 a 85,8% en el 2014. Las regiones más afectadas son Junín, Tacna, Puno, Cusco, Lima, Arequipa y el Callao. Esta situación amenaza la vida cotidiana de las personas y afecta el clima para los negocios, justo ahora cuando necesitamos retomar la inversión y el crecimiento. 

Para mejorar, es imperativo invertir en infraestructura. El Tercer Censo Nacional de Comisarías publicado por el INEI da cuenta de que más de la mitad de las comisarías en el país no tiene teléfono fijo. El atraso es tal que la adquisición reciente de 10.000 computadoras es un paso histórico. 

También necesitamos más policías. Según las Naciones Unidas, el Perú tiene un promedio de 325 policías por cada 100.000 habitantes, por debajo de los 673 de Uruguay, 371 de México y 347 de Bolivia. Asimismo, solo el 43,3% de la población urbana manifiesta que existe vigilancia en su barrio y reconoce como primer garante de la seguridad al serenazgo (36,6%) y en segundo lugar a la policía (21,2%). Sin embargo, no existe una relación directa entre un mayor número de policías y una menor tasa de victimización. El incremento de policías es una condición necesaria, pero no suficiente, para resolver la inseguridad ciudadana. 

En realidad, la brecha entre la oferta y las necesidades es tan grande que hay que repensar el modelo de respuesta. El viejo modelo basado en comisarías de recepción de denuncias y policías acuartelados está agotado, pues representa un aparato administrativo y no un sistema de servicios. Además, solo un 13,8% de los afectados por la delincuencia pone denuncias. Por tanto, no se trata de invertir más recursos y activismo al viejo modelo. Con esa estrategia se requeriría un tercio del presupuesto de la República para reducir la delincuencia. 

Hoy el 78,4% del presupuesto del Ministerio del Interior se va en personal, obligaciones sociales y pensiones. Experiencias internacionales enseñan que hay que ingresar conscientemente a un modelo de alta tecnología y de alianza con la población, integrando en red a todas las instituciones encargadas de brindar seguridad, que con diversos nombres vienen funcionando (como el serenazgo o las empresas de seguridad privada). Esto mientras se arreglan determinantes más estructurales de la inseguridad, como la corrupción, el narcotráfico, la crisis institucional, la desconfianza ciudadana y el desorden de esta etapa de fin de gobierno.