La agenda pendiente, por Gustavo Lazo

Cerca de 50 países ya cuentan con programas destinados a incentivar a que los contribuyentes declaren voluntariamente aquellos activos y cuentas bancarias que posean en el extranjero y que no hayan sido reportados previamente. Nótese que el monto oculto en paraísos fiscales se ha estimado en cerca de 21.000 millones de dólares (dinero que los gobiernos tienen avidez en recuperar).

Los incentivos que suelen tener estos programas consisten en la reducción parcial o total de intereses, multas o tributos. Incluso se elimina la posibilidad de iniciar acciones penales, entre otros. Asimismo, forman parte de una estrategia de cumplimiento tributario más amplia, con una variedad de medidas que las administraciones tributarias y sus gobiernos adoptan para dar oportunidad a los contribuyentes de regularizar sus obligaciones tributarias, especialmente respecto de patrimonio y rentas no declarados. 

En todo el mundo se vienen aprobando un conjunto de medidas que están ejerciendo presión sobre aquellas personas que mantienen activos ocultos en el extranjero al incrementarse gradualmente los niveles de riesgo de ser detectados por sus administraciones tributarias. Un ejemplo de ello es el estándar global en materia tributaria para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras adoptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2014. Su objetivo es que los gobiernos puedan acceder a información detallada sobre cuentas en sus entidades financieras e intercambiarla anualmente y automáticamente con otras jurisdicciones. 

El Perú aún se mantiene un tanto distante de dichas medidas. No obstante, en el 2015, la Sunat detectó a 17.000 contribuyentes con indicios de incremento patrimonial no justificado, algunos de ellos vinculados a paraísos fiscales. Asimismo, este año se produjo el escándalo denominado Panamá Papers, por el cual la Sunat ha recibido ‘fortuitamente’ información de un número de contribuyentes implicados, respecto de quienes ha comenzado a investigar si incumplieron con declarar obligaciones tributarias derivadas de activos en el extranjero, entre otros supuestos. 

Pese a ello, en el Perú no se ha instaurado todavía ningún programa de declaración voluntaria de tenencia de activos y cuentas en el extranjero. Países limítrofes como Colombia, Chile y Brasil ya han dado pasos para ingresar en esta tendencia mundial. Y es que la experiencia demuestra que, gracias a estos programas, a las administraciones tributarias les resulta factible recuperar sumas importantes de recaudación, a un bajo costo administrativo, pues se ahorra en procesos de fiscalización, contenciosos administrativos y judiciales (incluyendo los penales).

 De acuerdo con lo establecido por la OCDE, el éxito de un programa de declaración voluntaria en el Perú dependerá de diversos factores. Entre ellos, tener claridad sobre su objetivo y demostrar que efectivamente se generarán beneficios tangibles para el país (como, por ejemplo, evidenciar que la recaudación que se espera superará los costos de la implementación del programa). 

En esa misma línea, es importante tener consistencia con los regímenes vigentes de cumplimiento tributario, contribuir a la prevención del incumplimiento, buscar mejoras en los niveles de desempeño de los sujetos elegibles para el programa y complementar el beneficio inmediato de las declaraciones con medidas que incrementen el cumplimiento a largo plazo.

Sin duda es importante que el próximo gobierno promueva este tipo de programas, pues son complementos significativos para las medidas de reactivación económica que seguro veremos en los próximos meses.