Angurria estatal

¿Por dónde empezar? ¿Por la presidenta que demanda al Reniec exigiendo el pago de S/428.000 incluida canasta navideña? ¿O tal vez por el primer ministro que pretendía ocultar su vehículo oficial para que intentemos olvidar las visitas a sus amigas, proveedoras del Estado? ¿O mejor por los funcionarios de Córpac, que llevan mintiendo un año sobre una tragedia que dejó tres familias enlutadas? Estos son solo tres de una lista seguramente interminable de ejemplos vergonzosos que, en común, tienen los siguientes elementos: los protagonistas son supuestamente funcionarios públicos “de primer nivel”, con poca vergüenza, bastante angurria y gran ánimo de encubrimiento.

Los cuatro elementos arriba mencionados ponen en evidencia una vez más la ruta de un mal funcionario público y es la pretensión de esta columna, sobre los hechos, criticar la dinámica sinvergüenza que ostentan algunos oportunamente. Y si de confluencia de elementos vamos a hablar, empezaremos por el secreto bastante ambicioso nada menos que de la hoy presidenta de la República, Dina Boluarte, puesto al descubierto el último domingo por Iván Escudero, periodista de “Panorama”. Un expediente que confirma la pretensión económica de cobrarle al Reniec hasta “por el aire que se respira” encubierta de reconocimiento de beneficios laborales sindicales. Toca explicarlo jurídicamente porque la ley es clara. La señora Boluarte nunca estuvo dentro de la nómina de trabajadores inscritos en un sindicato y no estuvo imposibilitada de afiliarse al mismo, era su derecho; sin embargo, decidió hacer uso de su libertad sindical en sentido negativo. En pocas palabras, no puede reclamar derechos que no adquirió y dudo que no lo sepa; la presidenta es abogada. Pero parece que ahí donde vio la oportunidad de hacerse del botín, fue contra todos, incluida la naturaleza de su contrato.

Puesta al descubierto y en plena recesión económica, ¿estará dispuesta a desistir del proceso?

Y no es la única. Quien también compite con serias denuncias e intentos de descargos que ensombrecen su puesto es el primer ministro Alberto Otárola. De las “amigas bendecidas” con órdenes de servicios estatales ya se encargaba el Ministerio Público; sin embargo, había un elemento más: un vehículo oficial y el testimonio clave de Miguel Taboada Alva, chofer de la PCM que confirmaría el interés de desviar la atención entre lo que el jefe del Gabinete hasta ahora ha querido negar, que es su relación amical con una de las investigadas. Ya no hay vergüenza, el mensaje es claro: “El que manda soy yo, los demás obedecen”, creyendo que la PCM es una oficina a placer del interés propio. El encubrimiento es un delito y la intención configura un elemento que agrava su situación y, aunque reactivo gracias al trabajo de investigación nuevamente de Iván Escudero, a esta hora, mientras escribo esta columna, la fiscalía se encuentra finalmente en la cochera de la PCM.

Seguimos con Córpac y su año de mentiras públicas que ha demostrado que la torre de control no representa garantía ninguna de seguridad para el tránsito de los miles de turistas nacionales y extranjeros, pero que, además, la pérdida humana trágica no ha marcado un después en la autocrítica de quienes hasta hoy no asumieron ninguna responsabilidad y mantienen sus puestos de trabajo.

Lo maquiavélico de esto es no tener remordimiento alguno de crear un frente de defensa cínico sobre el dolor de tres familias que a llantos piden explicaciones hace un año, a quienes nadie les devolverá a sus seres queridos, pero a las que es justo darles un ápice de calma.

Seguramente a muchos no les sorprende esta descripción de cómo fatalmente se maneja el Estado, al antojo de quien puede en el momento que tiene cinco minutos de grandeza. La angurria es una plaga, la mentira su herramienta y el encubrimiento un delito y lo estamos normalizando. La indiferencia perpetúa un sistema perverso de gobernar a espaldas de los ciudadanos, pero de frente a mis intereses.

Pero ¿cuánto tiempo más vamos a permitir este asalto?