La bancada del Frente Amplio dio una conferencia de prensa para reiterar que están en contra del terrorismo "del Estado o venga de donde venga". (Lino Chipana / El Comercio)
La bancada del Frente Amplio dio una conferencia de prensa para reiterar que están en contra del terrorismo "del Estado o venga de donde venga". (Lino Chipana / El Comercio)

Un reciente editorial del Diario El Comercio (“La afrenta amplia”, 18/5/2018) ha hecho afirmaciones que requieren una contundente aclaración pues afectan a mi persona y buscan descalificar al Frente Amplio (FA), organización política de la que miles de peruanos formamos parte. El editorial responde a los sucesos originados por la contratación de una trabajadora, sentenciada por actos de colaboración con el MRTA, en el despacho de una de nuestras congresistas.

No vamos a repetir todo lo señalado. Hemos reconocido que se trató de un grave error político cuyas consecuencias asumimos. Sin embargo, se nos quiere descalificar por lesionar la memoria de las víctimas del terrorismo. El FA como movimiento derechohumanista, siempre ha acompañado a quienes fueron víctimas de las acciones terroristas que violaron los derechos humanos (y lo seguiremos haciendo).

Hemos afirmado rotundamente el rechazo a expresiones de algunos de nuestros congresistas calificando a miembros de las organizaciones terroristas como “presos políticos” o pidiendo amnistías. Esa posición no responde a los lineamientos programáticos del FA ni a nuestro ideario ni a nuestro programa: condenamos el terrorismo y las violaciones a los derechos humanos perpetradas por Sendero Luminoso y el MRTA como también condenamos con energía la política sistemática y las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas policiales y armadas. El conflicto armado costó la vida de 69.280 peruanos y peruanas, especialmente campesinos e indígenas andinos y amazónicos, y esa historia no se puede repetir. Jamás estaremos coludidos o seremos condescendientes con los actos de terrorismo. Asimismo, rechazamos con energía que se quiera escribir una historia distorsionada sobre el conflicto armado que enlutó al país.

El psiquiatra y profesor Max Hernández ha dicho que aún vivimos dominados por el miedo; sin duda, esta situación lo que ha hecho es reproducir una cultura de sospecha; de desconfianza entre peruanos; del debilitamiento del lazo social.

A esto nos referimos cuando decimos que es muy difícil hacer política democrática posterrorismo y pos-fujimontesinismo pero no rehuimos el desafío de construir un país cuyo clima de paz sea fruto de la justicia.

Hoy nos confrontamos con prácticas y discursos políticos de una derecha recalcitrante que desconoce que fuimos nosotros, la izquierda, los que nos enfrentamos contra los dos fuegos que cobraron la vida de nuestros dirigentes políticos, gremiales y comunales. Nunca olvidaremos los asesinatos de María Elena Moyano, de Pascuala Rosado, de Pedro Huilca, o en Cajamarca, la tenaz resistencia de los ronderos frente al avance de Sendero Luminoso, encabezada por el líder de Izquierda Unida, Edilberto Ventura Castrejón. No permitiremos que ese discurso derechista extremo quiera hacer sinónimo a las izquierdas de violentismo o terrorismo. Nosotros nos hemos jugado por pacificar el país junto a las rondas campesinas, comités de autodefensa, en la academia, en los sindicatos y reconocemos y nos solidarizamos con el sufrimiento y pérdidas que sufrieron periodistas, así como empresarios y miembros de las fuerzas policiales y armadas que combatieron el terror sin incurrir en los mismos métodos de aquellos a quienes combatían.

La llegada del bicentenario, debe ser una oportunidad para encarar este desafío y debatir democráticamente cuáles son las vías para reconciliar al país. Trabajemos para ello construyendo una patria con justicia social y ambiental.