(Ilustración: Giovanni Tazza).
(Ilustración: Giovanni Tazza).
Natalia Sobrevilla Perea

Si las efemérides son excusas para poner temas en agenda, entonces ahora que comenzamos a celebrar el y el está a punto de ser desalojado de su histórico espacio en el Palacio de Justicia es el momento ideal para pensar en el local que se le viene prometiendo desde hace más de una década. Un espacio adecuado donde reunir los documentos con los que se construye la historia es necesario para poder reflexionar sobre lo que somos, hemos sido y queremos ser como país. Los documentos, los espacios y las conmemoraciones son las base que permiten cimentar las ideas de una nación y dos hitos recordados el último 28 de agosto ponen sobre el tapete los retos de estudiar el pasado en el Perú. Separados por 182 años, la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) y la celebración de la creación de la Biblioteca Nacional del Perú (1821) son dos muestras de la importancia que tienen las instituciones públicas para producir conocimiento, así como las dificultades que enfrentan en su labor.

La Biblioteca Nacional fue creada por José de San Martín y Bernardo de Monteagudo, con los libros que habían pertenecido a los jesuitas expulsados junto a otros 700 textos del libertador. Su colección fue mermada durante las ocupaciones realistas de 1823 y 1824, y casi 60 años después fue saqueada durante la ocupación chilena en la Guerra del Pacífico. Según Ricardo Palma, en ese momento pasó de tener más de 40.000 volúmenes a solo 700. Convertido en “el bibliotecario mendigo”, el autor de las “Tradiciones peruanas” recuperó de Chile unos 10.000 tomos y otros tantos en Lima. En el siglo XX, la biblioteca sufrió otra gran catástrofe con el incendio de 1943. En ese momento, Jorge Basadre la hizo renacer de sus cenizas. En el 2006, sus fondos históricos fueron trasladados a un moderno local, después de una campaña que pedía un sol a cada ciudadano. Si bien Chile continúa devolviendo volúmenes, los juicios por robos más recientes ya han sido archivados, a pesar de la evidencia existente.

El informe final de la CVR, por otro lado, sistematiza el material que se recolectó para entender lo sucedido en el Perú entre los años 1980 y el 2000, y se encuentra gratuitamente en Internet. La Defensoría del Pueblo custodia el archivo de la comisión, mientras que el Centro de Documentación e Investigación del LUM disemina en su página web el material audiovisual, fotográfico y de archivo, poniéndolo al alcance de quienes quieran conocer el pasado reciente del país. El informe ha enfrentado muchos ataques; desde la indiferencia de una gran mayoría, hasta los intentos por silenciar sus conclusiones. Al igual que la Biblioteca Nacional, la CVR ha sorteado dificultades y el que se la recuerde cada 28 de agosto refuerza su posición en el imaginario nacional.

¿Pero qué hay con el Archivo General de la República? Fue creado por Ramón Castilla en 1861 y contiene los documentos más emblemáticos de la nación. Sus primeros fondos provienen de la colección colonial del Convento de San Agustín e incluyen el material manuscrito de las dependencias gubernamentales coloniales. El más antiguo es el “Protocolo ambulante de los conquistadores” o “Libro becerro”, producido entre 1533 y 1538, e inscrito en la Memoria del Mundo de la Unesco. Este es el primer documento notarial de América Hispana y muestra el proceso de creación de instituciones, desde Cajamarca, pasando por Cusco, hasta la llegada a Lima. Ha sido transcrito y se encuentra digitalizado para facilitar su conservación y su uso. Pero no todos los documentos han tenido esta misma suerte. El archivo cuenta con una colección inmensa de más de 30.000 metros lineales de material, mucho del cual no cuenta con catalogación adecuada y languidece en espacios que no son ideales para su conservación. Están ahí todos los registros notariales, los documentos oficiales y judiciales, así como toda la información sobre la llegada de inmigrantes, e incluso el Archivo del Fuero Agrario, que se organizó con todo el material recolectado de las haciendas expropiadas durante la reforma agraria de 1969.

Siendo los documentos la base desde donde se construye la historia del país, el archivo debería liderar las celebraciones en vez de estar a punto de terminar en la calle. Hasta la creación del Ministerio de Cultura en el 2010, el archivo dependía del Ministerio de Justicia, y de ahí nace parte del problema que enfrenta en la actualidad. Inicialmente albergado en el local de la Biblioteca Nacional, pasó luego a los ambientes del Palacio de Justicia. Debido al peligro para sus fondos, la parte más antigua está hace más de una década temporalmente alojada en el antiguo local del Correo. Cuentan ya con un terreno en Pueblo Libre y ambiciosos planes para un nuevo local, pero no hay dinero para ejecutarlos. La ministra de Cultura, la directora de la Biblioteca Nacional y la jefa institucional del archivo han pedido una solución ante el inminente desalojo. ¿No sería el bicentenario la ocasión perfecta para un nuevo local emblemático?