Buscando el justo medio, por Jaime Saavedra Chanduví

Como país, tenemos la obligación de asegurar que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de una educación universitaria de calidad, que permita su realización personal, que los forme como ciudadanos y como profesionales de alta productividad. Lamentablemente, la calidad de la universidad peruana en su conjunto no tiene los niveles de excelencia internacional que nuestros jóvenes se merecen. 

El viernes pasado, el Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Este proyecto refleja la necesidad del Estado de recuperar el irrenunciable rol rector de la educación superior, establecido por la Constitución y las leyes del Estado, y ratificado por el Tribunal Constitucional. 

La educación superior no puede confiarse a una autonomía mal entendida. Un joven solo sabe si hizo una buena elección de universidad y de carrera muchos años después. Se requiere una regulación eficaz y moderna. Regular es una tarea necesaria y muy compleja en una economía social de mercado. 

El reto es establecer un marco legal y regulatorio que no esté en los extremos absurdos. Ni el extremo de la autorregulación (por alguna razón no hay banqueros manejando la SBS). Ni el extremo de una regulación que limite la innovación, la creatividad y la inversión, tanto del sector público como del privado. El justo medio. 

Más aun, el reto no es solo legal y regulatorio. El reto es el establecimiento, luego de muchas décadas de abandono, de una política nacional para la mejora de la calidad de la educación superior.

Esta política nacional debe tener al menos cuatro pilares: 1) sistemas de información, 2) fomento de la calidad, 3) acreditación y 4) licenciamiento. En primer lugar, sistemas de información implementados en alianzas público-privadas que faciliten decidir qué y dónde estudiar (con indicadores de características de la universidad, de empleabilidad y salarios por universidad y carrera). En segundo lugar, fomento de la innovación pedagógica, la investigación y la calidad, a través de fondos concursables y de subsidios a la demanda mediante la expansión de los programas de becas del Estado. En tercer lugar, acreditación de la calidad educativa, a cargo de un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) reformado, que permita la homologación de acreditaciones internacionales de prestigio e incentivada por el Estado. Y, en cuarto lugar, licenciamiento obligatorio que autorice el funcionamiento de universidades públicas y privadas solo en la medida que se cumplan condiciones básicas para un servicio de calidad.

Por ello, se propone la creación de este organismo supervisor, con independencia administrativa, presupuestal y técnica, que establezca los estándares básicos de calidad –definidos por indicadores objetivos y verificables– y defina si una universidad tiene los estándares de calidad necesarios para tener el “licenciamiento” para poder operar. Asimismo, que fiscalice si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal son destinados a fines educativos. Esa supervisión además implicará trabajar de manera coordinada con organismos especializados como el Indecopi o la contraloría. Sus funciones serán complejas, pero claramente delimitadas.

Su consejo directivo comprenderá dos representantes del Estado y cinco miembros seleccionados por concurso público. Estos ciudadanos deben tener además la opinión favorable del Consejo Nacional de Educación. Este esquema hace más difícil que esta institución sea “capturada”, es decir, controlada ya sea por las instituciones que brindan el servicio o por el gobierno de turno.

Pero el reto del país no es solo establecer la institucionalidad de una superintendencia, reto de por sí complejo. Tenemos el desafío de consensuar diversos aspectos de la ley universitaria ya elevada al pleno, a la que este proyecto de creación de una superintendencia complementa. Hay allí una oportunidad para lograr un cuerpo legislativo que nos permita avanzar en una política nacional integral. Incentivar la inversión privada y pública de calidad, con posibilidades de adaptarse dinámicamente a las innovaciones en tecnología educativa. Respetar que la universidad privada establezca sus formas de gobierno más adecuadas. Establecer regímenes académicos modernos y flexibles. En suma, una norma para mejorar la calidad de la universidad peruana pensando en los próximos 30 años.

Y, sobre todo, para proteger el sacrificio de miles de familias que invierten en dar un mejor futuro a sus hijos. Y el sueño del estudiante, esa suerte de accionista minoritario que confía cinco años de su vida a la universidad y que debe tener la certeza de que el día que se reciba esté recibiendo la llave para un futuro mejor.