Sobre lo caído y desplomado, por Enrique Bonilla Di Tolla

Si algo va quedando claro de esta crisis climática son las falencias que tiene el Estado en general para enfrentar una emergencia como la actual. A pesar de la muy buena voluntad del gobierno central, es evidente que quienes no hicieron los deberes fueron los gobiernos locales, especialmente los municipios, que no han estado a la altura de las circunstancias.

Para el caso específico de Lima Metropolitana, está claro que no existen planes que orienten a una región que es totalmente urbana, altamente poblada (con cerca de diez millones de habitantes), y cuya subsistencia depende de sus vías de acceso –como es el caso de la Carretera Central– y de sus servicios –como el agua, por ejemplo–. Esos aspectos son responsabilidad del presidente de la región que, además, es el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

Por lo tanto, no es lícito decir que las crecidas de los ríos o los huaicos no quepan entre sus responsabilidades por originarse fuera de su jurisdicción. Estas son dos situaciones de potencial riesgo que un plan para la región tendría que contemplar. El problema es que no existe un plan de esta naturaleza.

Desde el inicio de la crisis climática hemos insistido en la ausencia de un plan urbanístico que tome en cuenta los riesgos –ahora ya convertidos en desastre– y que establezca zonas restringidas para la edificación. Estos planos de riesgo existen, y no haberlos tomado en cuenta dentro del proceso de planificación es una responsabilidad que se debió asumir en su momento.

Un plan urbanístico es, además, el mejor instrumento para administrar la ciudad, pues permite establecer prioridades para conducir la inversión hacia aspectos esenciales. La reclamada declaratoria de emergencia tendría sentido si tuviera un plan de respaldo que permitiera orientar las acciones de recuperación. La ausencia de este puede ser tremendamente perjudicial, consolidaría la acción autoritaria de las administraciones locales y la falta de control acentuaría más la corrupción.

El puente Solidaridad o Talavera, por ejemplo, fue diseñado con una estructura pretenciosa atirantada con un solo mástil o pilón –pudo haberse optado por soluciones más simples y más seguras–, y cayó por la pérdida de un apoyo excesivamente importante de una pequeña placa que no pudo resistir la erosión del río de un terreno suelto y sin defensas ribereñas. Lejos de llamar a una investigación para que se deslinden las causas de esta caída, el alcalde buscó dar razón del hecho con explicaciones contradictorias. Tampoco fueron mejores las explicaciones de sus técnicos, y quedó la sensación general de que, en ese aspecto, se carece de capacidad profesional en la comuna limeña.

Una acción que se tendría que realizar a nivel de la región metropolitana es volver a activar la oficina del Plan Metropolitano (PLAM), desactivada por la actual administración, y retomar el trabajo que vinieron realizando. Debería ser esta la oficina que realice el control de daños y levante información que sirva como estudio de base para orientar tanto el plan regional como el plan urbano, y que formule políticas y acciones a seguir para que una situación como la actual no se vuelva a repetir. No podemos actuar sobre el clima, pero sí podemos hacer todo lo posible para disminuir riesgos. Manos a la obra, entonces.