¿Qué alternativas podrían aplicarse para destrabar la situación política en el país?

“El entrampamiento puede destrabarse con el consenso, esto es algo que hasta ahora no se ha intentado con seriedad”.

Desde diversos sectores se han ensayado tres opciones para superar la crisis política en el Perú. Analicemos su legalidad y legitimidad.

Una primera opción es la vacancia del presidente por causal de incapacidad moral. Esta es una figura no regulada con precisión por lo que su aplicación ha sido cuestionada y además requiere de 87 votos. En cuanto a su legitimidad, se tiene que la aprobación del Congreso es más baja que la del Ejecutivo en los sondeos, por lo que la ciudadanía no aceptaría fácilmente una vacancia.

Una segunda opción es el adelanto de elecciones generales. Esta propuesta requiere que el Congreso genere una ley de adelanto de elecciones con 66 votos. Sin embargo, el Congreso no parece interesado en esta opción. En cuanto a su legitimidad, un 68% del país, según la última encuesta del IEP, sí desea un adelanto de elecciones. En contraparte, un 25% no quiere llevar adelante esta opción, y ello se eleva al 40% en el sur rural del Perú.

El voto rural lleva aplazado por décadas y no se puede medir el grado de reacción que ejercerían contra lo que interpretarían como una imposición de una mayoría capitalina.

La tercera opción es la suspensión del presidente o su detención preliminar. Al respecto, el constitucionalista Omar Cairo ha señalado que esta es una opción “imposible […], pues la Carta Magna establece criterios muy puntuales para sacar al presidente y, dentro de ellos, no está la opción de la suspensión por una orden judicial”.

Otro problema es que la fiscalía estaría actualmente erosionando la eficacia en la lucha contra la corrupción de los casos llamados ‘Cuellos Blancos’ y otras investigaciones, restándose a sí misma legitimidad para viabilizar esta opción.

En suma, las tres opciones mantienen serias complicaciones legales y de legitimidad.

En este escenario, nuestra propuesta es un consenso ciudadano entre el empresariado, los sectores populares, rurales e indígenas, y la iglesia para que Pedro Castillo –por escrito y con plazos definidos– se comprometa a mejorar sus cuadros técnicos, impulsar la economía, promover el desarrollo rural y fortalecer la lucha anticorrupción. A su vez, la oposición debe comprometerse a renunciar por expreso a la vacancia y colaborar en la gestión del Gobierno en base a una agenda común.

El entrampamiento puede destrabarse con el consenso, esto es algo que hasta ahora no se ha intentado con seriedad. Desde el punto de vista legal y de legitimidad social, esta es en nuestra opinión la alternativa más factible para reducir la polarización y darle viabilidad al propio modelo democrático y de economía social de mercado. Las otras opciones llevan directamente al abismo de la anomia social donde el propio modelo de 1993 quede desfasado y quizás, también, arrasado.

Es momento de conversar y pactar.

“La salida de la crisis va mucho más allá de la remoción de Castillo, pero empieza con ella”.

No debe venir como sorpresa que la salida a la crisis política que enfrentamos requiera recorrer un camino lleno de interrogantes y condicionales. Para empezar, ¿de qué crisis hablamos? ¡Si este país vive en crisis! Es cierto. Estamos en crisis desde mucho antes de la llegada de Pedro Castillo a Palacio. Con Castillo simplemente han surgido nuevos problemas que han tomado protagonismo y evitan que abordemos los asuntos crónicos y de fondo como el reto de recuperar la institucionalidad, la formalidad o la representación política.

Lo cierto es que, cuando hablamos de ‘la actual crisis política’, nos referimos a la permanencia de Castillo en el poder. También es cierto que, para poder pensar en abordar problemas de fondo que requieren soluciones estructurales, resulta indispensable resolver la crisis política que nos asfixia coyunturalmente. Esto último tampoco es fácil. Supone la remoción de los principales representantes del Poder Ejecutivo, el ascenso de una presidencia interina, a cargo de la presidencia del Congreso, y la convocatoria a elecciones generales.

La renuncia de Castillo resulta poco probable. ¿Qué mejor lugar para desafiar a la justicia que la presidencia? La única solución parece estar en una aplicación coordinada de los mecanismos constitucionales de investigación y sanción de los delitos de función, entre el Ministerio Público y el Congreso.

Actualmente, el Congreso no cuenta con los votos necesarios para aprobar una vacancia por incapacidad moral, hecho que realza la importancia del rol del Ministerio Público y las investigaciones preliminares contra el presidente. Estas deben desarrollarse con la mayor rigurosidad y total independencia. Ahora toca empezar a entrar en campos hipotéticos... La fiscalía podría –de considerarlo necesario– plantear medidas restrictivas para Castillo. Entre ellas, la suspensión del cargo, que tendría que ser aprobada por el Congreso (aunque por un número menor de congresistas del que se requiere para la vacancia). Esto puede tomar tiempo, la fiscalía tiene su propio ritmo y, aunque aparezcan más prófugos o hechos que incriminen al presidente, no debemos esperar ansiosamente a que el Gobierno caiga mañana. Es posible subsistir en la precariedad.

Luego está la variable Dina Boluarte. Acá también hay una serie de interrogantes sobre su eventual rol ante la salida de Castillo. Actualmente hay una acusación constitucional contra ella que está siguiendo el procedimiento ordinario. No hay certeza de que una sanción por los hechos cometidos como ministra necesariamente involucre una inhabilitación de la función pública. Pero sigamos suponiendo: digamos que la inhabilitación contra Boluarte y la suspensión de Castillo prosperan. Es recién ahí –cuando se haya resuelto la salida del Ejecutivo– que se podría pensar en una presidencia interina de la presidenta del Congreso y en la convocatoria a elecciones generales. Y aún así, con nuevos rostros, seguiremos enfrentando muchos de los mismos problemas. No hay solución rápida, no hay varita mágica. La salida de la crisis involucra una conversación que va mucho más allá de la remoción de Castillo, pero que empieza con ella.