Las congresistas Adriana Tudela (Avanza País) y Ruth Luque (Juntos Por el Perú) explican en esta edición del Cara y Sello sus argumentos a favor y en contra de la vacancia del presidente Pedro Castillo. (Ilustración: Giovanni Tazza).
Las congresistas Adriana Tudela (Avanza País) y Ruth Luque (Juntos Por el Perú) explican en esta edición del Cara y Sello sus argumentos a favor y en contra de la vacancia del presidente Pedro Castillo. (Ilustración: Giovanni Tazza).
Ruth Luque

Congresista de Juntos Por el Perú

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El 7 de diciembre se votará la . Cabe precisar que los abogados solemos decir que lo que no está en el expediente no existe en el mundo. Por eso, aquí solo me limitaré a examinar la endeble y, a todas luces, interesada moción de vacancia presentada el 25 de noviembre.

El debate de la moción de vacancia debe respetar la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el debido procedimiento parlamentario. De lo contrario, no se respetaría el equilibrio de poderes del Estado y se distorsionaría nuestro modelo constitucional presidencialista al considerar la vacancia como un control político instrumentalizado para remover a un presidente. Así, nuestro Tribunal Constitucional, en su sentencia 778/2020, en la que desarrolló el supuesto de vacancia por permanente incapacidad moral, señaló que se deben verificar dos cuestiones: 1) que se trate de hechos de la mayor gravedad que atenten contra los valores éticos compartidos en la sociedad y 2) que los hechos estén claramente evidenciados ante la opinión pública y generen un notorio desequilibrio social.

Veamos la moción siguiendo esa línea jurisprudencial. Los primeros tres fundamentos vinculan al presidente con el uso ilegal de fondos públicos del Gobierno Regional de Junín en la campaña, la designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y el tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas y en la Sunat. Con respecto al segundo fundamento, la designación de ministros se produce por propuesta del primer ministro, no es un acto directo del presidente. Luego, las investigaciones penales por los ascensos en las FF.AA. y en la Sunat, y el caso del Gobierno Regional de Junín no incluyen al presidente como investigado ni indican un hecho cometido por él.

Los otros cuatro fundamentos son el debilitamiento del sistema democrático, la inestabilidad económica, el maltrato a los medios de comunicación y el no rendir cuentas, y la permisibilidad con la violencia de la mujer. Al respecto, por un lado, el ministro de Relaciones Exteriores recibió el voto de confianza en dos oportunidades sin cuestionarse las relaciones internacionales y, por otro, la inestabilidad política que se vive supera los cinco años y es producto de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. No obstante, en la aprobación del presupuesto se ha visto un trabajo conjunto para lograr mejoras para la población. Finalmente, si el presidente no declara, no es motivo de vacancia, más aun cuando los ministros interpelados han cumplido con el control parlamentario. Además, las acciones del exprimer ministro no son imputables al presidente. En vez de ello, veamos que desde el Ministerio de la Mujer se impulsan acciones para atacar la violencia contra las mujeres.

En consecuencia, estamos ante un pedido de vacancia sin fundamentos porque no incluye hechos cometidos por el presidente de la República, sino especulaciones de las fuerzas políticas enemigas de la democracia que buscan una vacancia exprés desde que se instaló el Parlamento, sin reconocer su derrota electoral, lo que es el real fundamento de la crisis que genera desequilibrio social en nuestro país.