Chim Pum Callao y la urgente reforma electoral, por G. Távara

Recientemente, el Ministerio Público allanó varios inmuebles de propiedad del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, y solicitó su prisión preventiva por supuestamente haber recibido US$4 millones de la empresa Odebrecht como soborno para obtener la concesión de la Vía Costa Verde. Nueve meses atrás, en julio del 2016, Álex Kouri, quien también fue gobernador regional y alcalde provincial del Callao –además de candidato a alcalde de Lima–, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de colusión agravada, al haber asignado a la empresa Convial la concesión de la Vía Expresa Callao por un monto de US$32 millones. 

Hoy Álex Kouri purga condena en el penal Piedras Gordas. Otra ex funcionaria del Gobierno Regional del Callao, Gioconda Tripi, fue hace pocas semanas capturada tras ser sentenciada a cuatro años de prisión por el delito de negociación incompatible. Siendo funcionaria regional, Tripi simuló la contratación de un servicio de reproducción de discos compactos por S/160 mil.

¿Qué tienen en común Álex Kouri, Félix Moreno y Gioconda Tripi? Además de ser procesados por delitos contra la administración pública, Kouri y Moreno han sido fundadores y directivos del Movimiento Chim Pum Callao, y Tripi fue una activa y reconocida militante de dicha organización política. Aunque en las últimas elecciones, la ex funcionaria postuló al Congreso por el partido Peruanos por el Kambio. Por años, Chim Pum Callao ha sido el movimiento político hegemónico en el puerto y sus candidatos han ganado reiteradamente las elecciones en casi todos los distritos chalacos, además de la municipalidad provincial y el gobierno regional. Los tres casos son política y judicialmente indignantes –especialmente para la población del Callao–, a la vez de aleccionadores para todo el país.

En un contexto en el cual urge una reforma electoral efectiva que dignifique la política y nos provea de garantías para la transparencia y la probidad de los partidos y sus dirigentes y candidatos, los casos de Kouri, Moreno y Tripi ofrecen lecciones importantes que podemos aprovechar. Se trata de personas que postularon a cargos de elección popular trayendo consigo procesos penales por la supuesta comisión de delitos contra el Estado. Lamentablemente, la situación se repite en múltiples casos gracias a la permisividad de la ley vigente y a la debilidad de las organizaciones políticas. Es indispensable, pues, elevar los estándares para postular a cargos de elección popular. 

Tanto la Asociación Civil Transparencia como la Comisión Presidencial de Integridad y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han propuesto prohibir la candidatura de personas condenadas por corrupción y otros delitos. La propuesta del JNE incluye a quienes se encuentren con prisión preventiva. Pero vayamos más allá e imaginemos qué hubiera pasado si la señora Gioconda Tripi resultaba elegida congresista y era encontrada culpable: el Poder Judicial hubiese tenido que pasar por el largo –e impredecible– proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria para poder condenarla. Para evitar estos casos, Transparencia ha propuesto que a los congresistas que resulten condenados por delitos cometidos antes de su elección se les levante la inmunidad de forma automática.

El caso de Chim Pum Callao –sin ser el único– ilustra además la relevancia de la recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad orientada a establecer un régimen de responsabilidades y sanciones que comprenda tanto a los autores directos de actos ilícitos como a quienes pudieran encontrarse comprometidos a partir de los cargos directivos que ocupen en las organizaciones políticas. Soy de la opinión de que la reforma electoral contemple restricciones para que organizaciones como Chim Pum Callao o el Movimiento Cuenta Conmigo, fundado por el encarcelado ex presidente regional de Áncash César Álvarez, participen en procesos electorales, dados los graves delitos en los que se encuentran comprendidos sus fundadores y dirigentes máximos.

La proximidad de las elecciones municipales y regionales es una razón poderosa para que la reforma que finalmente apruebe el Congreso incluya medidas efectivas a fin de elevar los requisitos para postular a cargos de elección popular, así como para controlar el financiamiento de la política.