Rubén Vargas Céspedes

Aún no está claro si la actual crisis política nos va a seguir conduciendo hacia una interminable y lenta agonía o si, finalmente, construiremos ese hecho o ese momento que se convierta en el gran detonante que nos haga explotar y gritar en las calles: ¡basta, que se vayan todos!

Lo que sí está claro es el absoluto de algunos personajes que pretenden lavarse la cara aprovechando el río revuelto. Es ignominioso ver a militantes del Movadef pretendiendo dar lecciones de democracia y Estado de derecho, a los acartonados abogados de Odebrecht lamentar –como si fuesen analistas independientes– la decisión de la empresa corrupta de no seguir colaborando con la fiscalía, a los grandes abanderados del fujimorismo desgañitarse denunciando golpe de Estado, cierre del Congreso y fraude, a los voceros de la izquierda seguir invocando al pueblo y a la lucha contra la siendo cómplices de un gobierno convertido –según la fiscalía– en una organización criminal. El cinismo está de fiesta y, en su lógica, inclusive tiene su hora loca algunos fines de semana.

El ánimo colectivo, como si se tratara de una forma de castigo a la llamada clase política, es de una impavidez irritante y normalizando casi todo lo chueco, pretendiendo llevarnos a las zonas oscuras de la amoralidad. Fracasamos en los intentos de reforma y la intermediación política es una de las cosas más desacreditadas y sospechosas. Tal vez por eso hasta ahora no vemos una convocatoria realmente republicana de manos limpias, con capacidad de canalizar la indignación del peruano honesto y emprendedor.

En este contexto, el trabajo de los equipos especiales de la fiscalía y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que investigan a la corrupción en el poder se convierte en la última luz de esperanza para nuestra frágil democracia. Sin embargo, debemos estar también atentos a los otros casos de clamorosa corrupción que, por alguna razón extraña, están congelados, esperando que pase el tiempo y, con él, la bendita prescripción. Solo a manera de ejemplo, recordemos un caso: en el 2019 el Ministerio del Interior decidió comprar 4.481 computadoras para la PNP a un costo de S/30 millones. En el proceso festinaron trámites y falsificaron firmas para favorecer a una empresa. Fraccionaron el contrato en dos partes, alterando el estudio de mercado y las cotizaciones, generando un sobre costo cercano al millón y medio de soles. Las computadoras se internaron en los almacenes y a las pocas horas dieron su conformidad sin siquiera revisarlas.

Días después, los usuarios; es decir, los policías de las comisarías, denunciaron que los equipos entregados no tenían componentes básicos, ni licencias del software, ni programas de ofimática. Los responsables en el Ministerio del Interior, supuestamente para salvar su responsabilidad, tuvieron la brillante idea de presentar denuncias ante una comisaría arguyendo “robo de la licencia y del software” de las más de cuatro mil computadoras. Este hecho habría ocurrido, además, dentro de los almacenes del propio ministerio.

El 11 de setiembre del 2020 la Dirección de Integridad del Ministerio del Interior presentó la denuncia, acompañando en anexos toda la prueba documentaria, ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Desde entonces y hasta el día de hoy, por acción de alguna mano o razón misteriosa, este caso también fue envuelto con el manto del olvido, sin que se haya hecho ninguna diligencia fiscal. Apoyamos decididamente a la fiscal de la Nación en su lucha contra la corrupción en el poder, pero también tenemos que denunciar a los fiscales genuflexos porque gracias a ellos la corrupción siempre será un buen negocio.

Rubén Vargas Céspedes es exministro del Interior