El cruce de Javier Prado con Canaval y Moreyra, en San Isidro, fue el punto elegido para realizar el primer operativo de tránsito de la policía nacional en alianza con El Comercio, como parte de nuestra campaña Zona Rígida (Foto: Dante Piaggio)
El cruce de Javier Prado con Canaval y Moreyra, en San Isidro, fue el punto elegido para realizar el primer operativo de tránsito de la policía nacional en alianza con El Comercio, como parte de nuestra campaña Zona Rígida (Foto: Dante Piaggio)
Aldo Facho Dede

Cerrando el 2017, las estadísticas disponibles a la fecha nos muestran que, en promedio, al menos una persona muere a diario en Lima producto de un accidente de tránsito. Según un estudio de Lima Cómo Vamos, publicado en abril, del 73,3% de limeños que viaja en transporte público, el 64% lo hace en buses, combis, coasters y taxis colectivos. Casi el 25% ha sufrido algún tipo de maltrato y cerca del 9% ha sido víctima de un accidente.

Hace unas semanas nos indignamos como sociedad al enterarnos de que una niña de apenas 5 años murió atropellada por una coaster de la empresa Holrex (antes Orión), cuyo chofer arrancó antes de que la menor terminase de descender. El vehículo acumulaba más de S/61.000 en multas graves sin cobrar.

Si bien es cierto que el asesino fue el chofer del vehículo, ¿es el único responsable? El pedido de justicia sobre esta persona no debe hacernos olvidar la responsabilidad que tienen la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao sobre los accidentes y desgracias que debemos lamentar a diario, al mantener en pleno siglo XXI un modelo de transporte público insostenible y caduco. Este aberrante suceso, lamentablemente no poco común, nos debería hacer reflexionar sobre el modelo de ciudad en el que estamos viviendo, y cómo este pone en riesgo nuestras vidas.

No conozco metrópoli, en países emergentes o desarrollados, en donde el sistema de transporte esté atomizado en la propiedad de cada vehículo como ocurre aquí; y cuya sostenibilidad dependa de la mayor cantidad de pasajeros que pueda recoger en sus casi 24 horas de servicio.

Bajo este modelo, los usuarios básicamente nos convertimos en una mercancía. Primero se deben cubrir los gastos de la unidad, luego pagar al propietario y concesionario de la ruta, para al final repartir el saldo entre el chofer y cobrador, sobre cuyos hombros cae en pleno el subsidio a los ciudadanos con derecho a tarifas reducidas. Sabiendo esto podemos entender por qué es que los choferes aceleran cuando ven escolares en el paradero, o se enojan con quienes hacen valer su derecho de pagar un pasaje más barato, como la hermana de la menor asesinada.

El Sistema Integrado de Transportes que se diseñó en la gestión municipal pasada proponía cambiar este modelo por uno en el que, en vez de concesionar rutas por tres años, se concesionen corredores por diez, con vehículos estandarizados bajo parámetros mínimos de calidad, choferes contratados y un sistema integrado de cobro. Esa no es la única alternativa. Existen decenas de formatos ya probados en el mundo, aunque, ciertamente, los más exitosos han sido los que han apostado por modelos similares al antes aludido: ligeros y flexibles, como son el Transmilenio de Bogotá o el Metrobús de Buenos Aires.

El sistema de transporte público de nuestra ciudad capital hoy parece más un rejunte de experiencias importadas que un modelo integrado de movilidad urbana. Tenemos un metro aéreo, un BRT (Metropolitano), corredores de buses a medio implementar y ahora un metro subterráneo en proceso de construcción. Además, querrían vendernos telecabinas al estilo de Medellín, un tranvía y hasta un monorriel (esta última idea incluso fue anunciada por el mismo alcalde durante su campaña). Todos estos sistemas están desconectados y se pagan con medios distintos. Agrava el problema que algunos de nuestros alcaldes distritales aportan iniciativas brillantes, pero desvinculadas entre sí, que terminan girando en círculos dentro de sus límites administrativos.

No carecemos de ideas ni propuestas, lo que nos urge es la voluntad política y el interés real por resolver esta máquina de matar. Tampoco es un problema de dinero; según el ex viceministro de Transportes Luis Gutiérrez en una entrevista que dio al diario “Gestión” en el 2014, con lo que nos vamos a gastar en la línea 2 del metro no solo resolvíamos el Sistema Integrado de Transporte de Lima, sino que también el de otras once principales ciudades del país.

Los motores ya se están calentando para las próximas elecciones municipales. Candidatos no van a faltar, pero lo que debemos exigirles como ciudadanos son propuestas claras y compromisos firmes, para que desde el primer día de gestión este miserable modelo de ciudad empiece a cambiar. Está en nuestras manos. En nuestro voto. Usted decide.