El club de la OCDE, por Luis José Diez Canseco

El acceso del Perú a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es finalmente una verdadera política de Estado. Es una excelente señal que dicho objetivo haya sido mencionado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el primer ministro Fernando Zavala en sus primeros discursos ante el Congreso, el pasado 28 de julio y el último jueves, respectivamente. 

Ser parte de ese selecto grupo de países significa que cumplimos con estándares muy altos en una amplia gama de políticas públicas. Entrar al club de la OCDE facilita las decisiones empresariales sobre dónde invertir. Si un inversionista tuviera que escoger entre un país donde las leyes se cumplen, se respeta a la empresa extranjera, las entidades son autónomas y no sucumben ante la injerencia política, y además tiene un ‘certificado de calidad’ validado por las mejores 34 economías del mundo, y otro donde no ocurre nada de lo anterior, ¿cuál creen que sería su decisión?

Por eso, a quienes hemos seguido de cerca los avances del Programa País para el ingreso del Perú a la OCDE nos preocupaba constatar el lento avance. Esto se puede comprobar con la evaluación inicial del “Estudio multidimensional del Perú” de la OCDE, que fue entregado al ex presidente Humala en octubre del 2015, pero que ha sido poco estudiada y difundida.

El reciente “Estudio sobre política regulatoria en el Perú” presentado por la OCDE la semana pasada nos puede dar algunas luces sobre las acciones concretas en las que los poderes del Estado deberían trabajar de inmediato con generosidad y desprendimiento.

En primer lugar, la OCDE ha advertido que nuestros organismos reguladores no gozan de suficiente independencia del Gobierno Central, puesto que depende de él para decisiones organizativas y de recursos humanos. Lo mismo se puede decir del Indecopi. Y la OCDE también recomienda contar con una agencia de competencia más fuerte, resaltando que es necesario “garantizar su independencia de los ciclos políticos”.

Y tiene mucho sentido cuidar la independencia del Indecopi. Es quizá la entidad a la cual la Constitución le ha encomendado el mayor número de tareas económicas: proteger la libre competencia, proteger a los consumidores, salvaguardar la propiedad intelectual y resguardar el rol subsidiario del Estado. Razón por la cual sostengo que se debería elevar dicha institución al rango que se merece: el constitucional.

Y si se cree que no es necesaria su autonomía, pensemos en las presiones que podría enfrentar la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi –para la cual la OCDE ya ha pedido más independencia– cuando tenga que analizar y, de ser el caso, declarar ilegal o irracional una regulación del Ministerio de Energía o de la propia PCM. O en cómo reaccionarían algunos congresistas ante la noticia de que la Comisión de Defensa de la Libre Competencia –mediante el programa de clemencia– ha exonerado del pago de una millonaria multa a una empresa que participó en un cártel de precios, pero colaboró con información para poner fin al cártel y detectar a los demás infractores.

Con esta medida, además, se cumpliría con levantar otra de las observaciones de la OCDE: la falta de ‘accountability’ de los reguladores. De esta forma, el Indecopi estaría obligado a rendir cuentas ante el Congreso, presentar su reporte anual ante los parlamentarios y responder directamente ante la sociedad.

Se trata de una decisión compleja, sin duda, que requerirá la madurez y voluntad política de la mayoría de bancadas en el Congreso. Pero si de verdad queremos llegar a la OCDE, debemos llevar a cabo las reformas institucionales que quedaron pendientes en los años 90. No podemos pretender entrar al club usando la misma ropa de hace 20 años.