De la crisis a la oportunidad, por Lourdes Flores Nano

Las revelaciones sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el comportamiento de algunos magistrados del Poder Judicial han originado rápidas reacciones del presidente Martín Vizcarra que deben ser destacadas: la designación de una comisión consultiva de prestigiosos integrantes, el compromiso de anuncios en su próximo mensaje a la nación y la convocatoria a una legislatura extraordinaria que se llevará a cabo mañana viernes, para ver la remoción de todos los miembros del CNM. La crisis le da al mandatario la oportunidad de emprender una reforma institucional fundamental y dejarla como legado de su gobierno. El desafío es enorme y el reto republicano magnífico.

—Lo urgente —
Hay acciones inmediatas que no pueden ser postergadas: (i) la remoción total de los miembros del CNM, atendiendo la solicitud presidencial y siguiendo un proceso sumario que garantice el derecho de defensa, conforme a precedentes del propio Congreso; (ii) la acción coordinada de la OCMA, la contraloría y la UIF para analizar los signos exteriores de riqueza o movimientos económicos extraordinarios delatores de corrupción en la judicatura y el Ministerio Público.

—Nuevos aires—
Removido el CNM habrá que concebir una vía transitoria que se encargue de los necesarios procesos de ratificación y nuevos nombramientos. Tal vez una fórmula que involucre a los tres poderes del Estado y a algunas personalidades pueda darle peso político y solvencia al órgano a designar. En Francia, el CNM lo preside el propio presidente de la República.

En cuanto a la Corte Suprema, la Comisión de Evaluación de la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) propuso algunas novedosas ideas sobre el papel que esta debía cumplir, concentrándose en orientar la jurisprudencia y dotar de predictibilidad a la administración de justicia.

Una Corte Suprema distinta necesita cuadros que la refresquen. No sostengo con ello que nuestra Corte Suprema carezca de profesionales de calidad; los tiene. Pero, en toda institución, el relevo y el ascenso de nuevas generaciones son fundamentales para evitar el anquilosamiento. La Corte Suprema ha seguido recurriendo a la provisionalidad. A su vez, los concursos poco alentadores que han hecho crisis han determinado la inhibición de muchos magistrados (y, sobre todo, magistradas) de probada trayectoria y honestidad que merecerían culminar sus carreras accediendo de manera definitiva y estable a la instancia suprema. Sin duda también, para algunos juristas con vocación, esta podría ser la honrosa culminación de una exitosa carrera profesional o académica.

—Lo importante —
Hemos ensayado fórmulas diversas para el acceso a la carrera judicial: el Consejo Nacional de Justicia; las ternas presentadas por el ministro de Justicia para la definición presidencial y la ratificación por el Senado de los jueces y fiscales supremos; el Consejo Nacional de la Magistratura como órgano autónomo y ajeno a los otros poderes del Estado. Este último, ampliado en su composición en la reforma constitucional de 1993, incorporando personas ajenas al ámbito jurídico, ha mostrado sus enormes falencias. Soy autocrítica porque el PPC avaló con sus votos esa reforma.

La reciente crisis ha evidenciado, una vez más, la debilidad general institucional que vive nuestro país y que urge superar. Asimismo, ha sacado a la luz de manera inocultable el “compadrazgo” y el “amiguismo”, además de la componenda y la corrupción. En suma, la imposición del favor sobre el mérito, lo que contradice totalmente un modelo que se supuso profesional e independiente.

Por ello, modificar la composición del CNM es solo una solución transitoria. Propongo que la ineludible reforma constitucional potencie el mérito como vía de acceso a la carrera judicial y, en ese sentido, sugiero revisar y adaptar el modelo de la Escuela de la Magistratura Francesa. Es una escuela de jueces a la que se accede por concurso –oposición– y que dota a los futuros jueces o fiscales de 31 meses de formación, antes del inicio de las funciones. No es el único mecanismo de acceso a la función judicial, pero sí uno relevante y mayoritario. El embajador Allan Wagner, quien preside la comisión para la reforma del sistema de justicia, puede brindar un aporte fundamental para transformar la Academia de la Magistratura en una que, como la actual Academia Diplomática que él dirige, prepare a quienes con verdadera vocación quieran cumplir la dificilísima tarea de administrar justicia.

—Un reto de Estado —
La reforma judicial reclama liderazgo y aval político ajenos a toda mezquindad. No puede ser factor de absurda polarización desestabilizadora. El Perú no está para caprichos “fujimoristas” o “caviares”.

Exige apoyo ciudadano, comenzando por comprender que no hay soluciones mágicas ni recetas populistas inmediatas.

La reforma debe empezar. Como auténtica tarea de Estado, los logros se verán, pero el tiempo y la constancia son los mejores aliados. Los tres poderes del Estado están sometidos a prueba.