¿Dictadura parlamentaria?, por Manuel José Ayulo

Desde hace un tiempo muchos analistas reportan que el mundo experimenta una recesión democrática. Democracias prometedoras como Turquía, Polonia y Hungría han visto disminuir sus indicadores de justicia electoral, defensa a las minorías y libertad de expresión. Detrás de estos resultados hay una causa común: el Ejecutivo elegido, usando mecanismos legales, paulatinamente desmantela controles sobre su poder y debilita sustancialmente a la oposición y al Poder Judicial (PJ).

Mientras que la preocupación mundial se centra en el poder del Ejecutivo, en el Perú algunos políticos y analistas han indicado que la sensación de crisis que vivió el país durante el mandato del hoy ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se debió a una dictadura del Parlamento. El 20 de junio del 2016, 15 días después de la segunda vuelta, el editorial de “La República” usó el término cuando indicó que el fujimorismo “pareciera planear una dictadura parlamentaria”. Luego, desde fines del 2017 hasta la renuncia de PPK, la entonces primera ministra Mercedes Araoz, congresistas como Gilbert Violeta y Gino Costa, abogados como César Landa y líderes de la sociedad civil como el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, denunciaron que el Perú vivía una dictadura desde el Legislativo.

Si bien con la llegada de Martín Vizcarra se habla ahora del fin de la confrontación, hay que estar alerta en cuanto a los procesos que el Congreso ha liderado contra el Tribunal Constitucional, la fiscalía y hacia algunos ministros del Ejecutivo. Pero para poder entender y disminuir el riesgo de estos impulsos mayoritarios, es importante analizar qué hay detrás del comportamiento. Sin embargo, en nuestro contexto tan polarizado, los ciudadanos caemos fácilmente en el juego de etiquetas que proponen los políticos y que son muy útiles para azuzar el desprestigio, pero inservibles para plantear mejoras.

La dictadura parlamentaria alude al control del fujimorismo sobre el Parlamento. Sin duda, el fujimorismo es parte de la ecuación, pero no necesariamente por su ‘naturaleza’ autoritaria. El Congreso siempre ha sido una institución desprestigiada. Por ejemplo, según el Latinobarómetro, en el 2004, un 82% de peruanos indicó tener poca o ninguna confianza en esta institución. En ese entonces, el Congreso solo tenía tres representantes fujimoristas –Martha Chávez, Luz Salgado y Martha Hildebrandt– y la tasa de quienes tienen poca o ninguna confianza se ha mantenido constante (entre 70% y 90%) desde el 2001 en adelante.

Este desprestigio ocurre por la informalidad de nuestros partidos políticos que reduce la posibilidad de tener representantes capaces de ejercer un responsable control político y de adscribirse a las constricciones democráticas. Si antes nadie denunciaba una dictadura parlamentaria era posiblemente porque el Congreso estaba fragmentado, ya que los demás vicios (como los financiamientos turbios, vínculos con actividades ilegales, intereses personales, asesores fantasmas, entre otros) se han mantenido constantes en la historia de esta institución..

A esto debemos sumar el Caso Lava Jato que compromete a casi toda la clase política desde el 2001. Si ejercer el control político responsablemente es ya de por sí un ejercicio complejo, Lava Jato complica tremendamente la figura. Lava Jato –el pozo envenenado– promueve la canibalización de la clase política: todos son sospechosos y la justicia es lenta, imprevisible e inspira poca confianza. No se puede analizar el comportamiento del Congreso descontextualizándolo de Lava Jato, que promueve las condiciones para que un ex presidente esté prófugo, otro indultado, otro renuncie y otro, después de 8 meses, continúe esperando acusación en la cárcel.

En síntesis, no es la naturaleza autoritaria de un partido la que de por sí causa este impulso mayoritario. Los factores están en cómo operan los partidos políticos, en si alguno controla una mayoría y en la baja capacidad del PJ para resolver un caso de corrupción que afecta a casi toda la clase política. Los que están hoy en el poder deberían de saber que el día de mañana otra fuerza puede controlar el Parlamento y que entonces ellos padecerán del impulso mayoritario si es que hoy no fortalecen la justicia y aíslan los recursos mal habidos del financiamiento político.