"lo indicado por el presidente de la República obliga a las fuerzas democráticas representadas en el Congreso a mantenerse cohesionadas y, como lo hicieron en la votación previa a la elección de la Mesa Directiva, asumir la defensa de la institucionalidad y la Constitución" (Foto: Congreso).
"lo indicado por el presidente de la República obliga a las fuerzas democráticas representadas en el Congreso a mantenerse cohesionadas y, como lo hicieron en la votación previa a la elección de la Mesa Directiva, asumir la defensa de la institucionalidad y la Constitución" (Foto: Congreso).
Natale Amprimo Plá

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El mensaje del presidente , en cuanto al tema constitucional, ha dejado claro que, más allá de las propuestas que pretende promover, ha entendido que sus planteamientos seguirán la suerte que el Congreso decida. Así pues, reconoce que él como presidente no tiene la facultad constitucional para convocar a un referéndum constituyente.

Sin lugar a dudas, esto último es lo más importante de su discurso, que ha estado lleno de ofrecimientos y frases que habrá que ver cómo las pretende implementar o llevar adelante.

De esta forma, el presidente Castillo puede plantear las modificaciones que estime convenientes, con todas las fórmulas de representación particular que crea viables y que incluso adelantó en su discurso. Sin embargo, no hay que olvidar ni dejar de repetir que se ha comprometido a aceptar, como no podía ser de otra manera dentro del Estado de derecho, que al Congreso es a quien le corresponde analizar sus propuestas y que la viabilidad de estas dependerá de la decisión libre de dicho poder del Estado, que, incluso, las puede enviar al archivo.

En ese sentido, lo indicado por el presidente de la República obliga a las fuerzas democráticas representadas en el a mantenerse cohesionadas y, como lo hicieron en la votación previa a la elección de la Mesa Directiva, asumir la defensa de la institucionalidad y la . Para ello, a diferencia de lo que hizo el Congreso que indebidamente Vizcarra disolvió, esperemos que el actual no ceda a presiones ni a campañas mediáticas, que entienda que la gran responsabilidad en la que la historia los ha colocado es defender los valores y principios constitucionales, aunque, como sabemos, ello no siempre es popular.

Es bueno recordar que todos los peruanos estamos obligados a respetar, cumplir y defender la Constitución, y ello no está condicionado a que hayamos o no participado directamente en su aprobación. Esas frases pueden ser efectistas, pero en el fondo buscan atacar la legitimidad del sistema.

¿Acaso los que no fueron a votar en las últimas elecciones –algunos porque señalaron que con ninguna de las opciones se sentían representados– no están obligados a respetar al presidente elegido?

De esta forma, no es correcto afirmar que como la mayoría de votantes actuales no participaron en la aprobación de la Constitución, ello exige la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Hay que reafirmar la necesidad de tener reglas estables y predecibles, eso es lo que permite el desarrollo de las naciones.

El gran problema del Perú es que, como decía José Pareja y Paz Soldán, nos la hemos pasado haciendo y deshaciendo Constituciones. Quizá porque hemos vendido la idea que nuestras carencias son normativas, cuando lo cierto es que son de gestión.

La pandemia del COVID-19 no hizo visible las falencias del modelo, señor presidente. Lo que nos mostró el COVID-19 fue una clase política mediocre e insensible, con gobernantes que aprovecharon el cargo en ventaja propia y de sus familiares, que pervirtieron instituciones y procedimientos, como si nuestras raíces históricas se sustentaran en el gobierno del poderoso sin ley, o con ley que se acata pero no se cumple, o para mis amigos todo y para mis enemigos la ley.

De ahí que el mejor regalo en este bicentenario es que se entienda que la Constitución es una norma ordenadora y limitadora del poder y no un instrumento para legalizar el capricho del gobernante de turno. El tiempo nos dirá si el primer mensaje del presidente Castillo al Congreso significa el entendimiento de esta máxima democrática: el gobernante está sometido a la Constitución y entiende que el gobierno se organiza según el principio de separación de poderes.