El tribunal ordenó a los dos países "abstenerse de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa (...) o la haga más difícil de resolver". (Foto: EFE)
El tribunal ordenó a los dos países "abstenerse de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa (...) o la haga más difícil de resolver". (Foto: EFE)
Óscar Vidarte A.

Internacionalista y profesor de la PUCP

Intentar definir al ganador o al perdedor de un de un ente jurisdiccional de carácter internacional suele ser una tarea muy difícil. No obstante, tratándose del proceso entre Bolivia y Chile, la ha decidido darle toda la razón a Chile.

Bolivia pidió que se reconozca la existencia de una obligación por parte de Chile de negociar de buena fe una salida soberana para el país altiplánico al Océano Pacífico. El Gobierno de La Paz señaló que, en diferentes ocasiones en más de un siglo, Chile negoció con Bolivia para este objetivo, llevando a cabo ofrecimientos que, desde su punto de vista, terminaron generando una obligación. La figura de la obligación como producto de una promesa existe en el derecho, pero la CIJ no encontró en el caso concreto ninguna fuente que así lo determine.

Desde un inicio, resultaba muy difícil que la CIJ aceptara la pretensión boliviana por sus implicancias negativas en las relaciones internacionales. Un reconocimiento de esta naturaleza podría desincentivar a los demás países a negociar u ofrecer algo, por el temor de generar una obligación. Evidentemente era una causa muy compleja.

Entonces, ¿qué buscaba Bolivia al demandar a Chile sobre este tema? Si bien la CIJ resulta en principio un ente jurídico (falla conforme al derecho), también lleva a cabo un análisis político que se ve reflejado en sus sentencias (como sucedió en el diferendo marítimo entre el Perú y Chile). Por ello, como resultado de una CIJ que también tiene en consideración elementos políticos, Bolivia buscaba que dicha corte le diera la razón en algún punto de su demanda. Un logro de esta naturaleza servía para los fines de mediano y largo plazo de Bolivia de lograr el tan ansiado acceso soberano al mar.

En otras palabras, un fallo favorable, por más pequeño que hubiera sido lo obtenido, iba a utilizarse como una herramienta adicional en aras de construir un mejor entorno para negociar con Chile una salida al Pacífico. Pareciera que la estrategia del gobierno de intenta generar presión en Chile a través de un mayor apoyo internacional a la causa boliviana (habiendo buscado en varias ocasiones el respaldo peruano) y sendos procesos ante la CIJ, que podrían debilitar a nuestro vecino del sur de cara a una nueva negociación.

Vale recordar que Bolivia y Chile todavía mantienen un proceso ante la CIJ por la definición del Silala como un manantial o un río internacional. Y, a pesar de que esta demanda fue solicitada por Chile, Bolivia tenía toda la intención de presentarla primero. Además, no sería ninguna sorpresa que Bolivia intente acorralar a Chile con otras demandas (por ejemplo, por el incumplimiento del Tratado de 1904 en el punto referido al libre tránsito).

En todo caso, más allá de la evidente derrota, el reclamo boliviano de acceso soberano al Pacífico continúa vigente. El presidente chileno, , podrá decir que se perdieron cinco años de relación bilateral, pero desde la perspectiva boliviana se habrían perdido más de 100 años en negociaciones sin ningún resultado.

En cuanto al Perú, el proceso que acaba de terminar entre Bolivia y Chile no tiene implicancias para nuestros intereses, pues no estaba en juego la entrega del territorio que en el pasado fue peruano. Solo en caso de darse este supuesto previa negociación, el Perú, según el artículo primero del Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 1929, podría objetar o no dicha cesión. Aunque en el contexto actual, una solución así entre Bolivia y Chile parece muy poco probable.