Es tu culpa y ahora te aguantas, por Carmen McEvoy

En el verano del 2010, la policía realizó una operación en el bar La Morenita (en Madre de Dios). Dos menores de edad –de 16 y 17 años– fueron encontradas atendiendo a los clientes del antro. En su manifestación, las víctimas señalaron que trabajaban como damas de compañía y que, además, sostenían relaciones sexuales con los parroquianos. 

En esa oportunidad, la evidencia de un delito, tipificado como trata de menores, determinó que la Sala Penal Superior del Distrito Judicial de Madre de Dios castigara con 12 años de prisión a los responsables. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que el crimen no estaba probado debido a que las víctimas no fueron obligadas a ejercer la prostitución. 

Algo similar ocurrió ese mismo año con un fallo emitido por la Sala Penal Superior de Ica sobre dos menores captadas en Trujillo. En esa ocasión, el imputado por delito de trata de menores y violación sexual apeló ante la Corte Suprema y esta lo absolvió porque no existían suficientes pruebas de que las menores hubiesen sido forzadas a prostituirse. La corte señaló que era un caso de rufianismo y el tratante se libró de la cárcel. 

La última resolución de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, quien exculpó a una mujer que –de acuerdo con la policía y fiscalía de Madre de Dios– explotaba a una adolescente de 15 años obligándola a tomar licor durante más de doce horas con los clientes de un prostibar, no es un caso aislado. Esta resolución –que apuesta equivocadamente por la “libertad” de elegir frente a la protección que el Estado debe asegurar a los menores– forma parte de un engranaje jurídico perverso. En este los derechos humanos y la dignidad de las mujeres no cuentan, la ley de trata de personas del Código Penal (153 y 153a) no existe y las convenciones internacionales ratificadas por el Estado Peruano importan un pepino. 

Más aun, podríamos argumentar, junto con Carmen Barrantes, que la resolución de la sala Villa Stein es la expresión jurídica de un “habitus” mental machista, moralista y conservador que está profundamente arraigado en nuestra sociedad. Las recientes declaraciones del desalmado que masacró a su pareja hasta dejarla inconsciente y tirada en un descampado nos acercan a la peculiar opinión que se tiene de las mujeres. En una entrevista radial, Carlos Feijoo no solo minimizó su crimen (“yo violento no soy”) sino que acusó a su víctima de enloquecerlo, provocando ella misma su brutal “castigo”. 

En nuestro país existe una mentalidad atávica que defiende la idea de que las mujeres son forjadoras de su propia desgracia. Es por ello que el caso de una adolescente alcoholizada, manoseada y prostituida en un bar de Madre de Dios puede ser definido por la Corte Suprema como una decisión personal. El “ella no fue forzada” naturaliza el abuso sexual y esconde una historia personal que, aunque a muchos sorprenda, es de búsqueda de oportunidades en medio de la miseria material y moral más extrema. 

En el mundo de Perla, de 16 años y nacida en la comunidad campesina de Achocalla, provincia de Quispicanchi, Cusco, la esperanza de vida es de 61 años y el ingreso per cápita de sus padres de 116 soles. La mayoría de niños de su comunidad no alcanza a concluir la primaria. Por ello, no sorprende que aspire a una vida mejor: con comida en la mesa, electricidad, agua y educación. 

Perla terminó la primaria y pensó que completando la secundaria podría mejorar su vida y quizás, también, la de sus cuatro hermanos. Pero para ello había que abandonar Achocalla y aventurarse en la selva, donde se le ofrecía un puesto de mesera. Como tantas otras niñas y adolescentes de la zona, fue engañada mientras buscaba trabajo y ahora es parte de la precaria estadística que tenemos sobre la trata de menores en los campamentos mineros de la selva. 

El Consejo Nacional de la Magistratura ha reaccionado ante el fallo de la sala Villa Stein y ofrece abrir una investigación. Mientras ello ocurre sería bueno que el Estado dote de fondos a las casas de acogida para las víctimas del abuso sexual. Ahora que tanto se habla del Bicentenario, ¿qué tal si se edifican casas que lleven los nombres de las mujeres que construyeron con su esfuerzo el Perú? Espacios comunitarios donde sea posible devolver la alegría y la esperanza a tantísimas peruanas atrapadas en las redes de la trata de personas y de la delincuencia. Restituirles, de cara al 2021, la dignidad y los derechos ciudadanos perdidos, comprometiéndonos a que esa lacra será eliminada definitivamente del Perú.