DDHH: Condición Indispensable para avanzar, por María del Carmen Sacasa

Al reflexionar sobre la importancia del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, resulta inevitable recordar que hace 69 años los estados miembros de las Naciones Unidas decidieron alzar la voz para frenar los actos de barbarie que atentaron contra la humanidad. 

Se trató de un hito histórico que reiteró que los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad, dotados de razón y de conciencia. Hoy, en un mundo que atraviesa por profundas transformaciones, este acuerdo de paz, libertad y justicia adquiere mayor relevancia y nos invita a reafirmar los compromisos y a redoblar los esfuerzos en aquellas áreas en las que aún se identifican retos para alcanzar esos ideales. 

Los últimos 15 años han sido de crucial importancia para el Perú. Entre el 2001 y el 2016, el país ha experimentado avances en todas sus dimensiones en un contexto de democracia y de crecimiento continuo: 

La pobreza a nivel nacional disminuyó en 28,4 puntos; la desnutrición infantil, en los últimos diez años, de 28% a 13%; y la cobertura de programas sociales alcanzó más de tres millones de escolares, 600 mil madres y 500 mil adultos mayores. 

Sin embargo, aún persisten brechas estructurales que deben ser abordadas para contribuir de manera efectiva a que todas las personas, sin excepción, puedan ejercer sus derechos y llevar una vida digna, imperativo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconocido por la Constitución Política del Perú. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos brinda una nueva oportunidad para repensar el desarrollo desde la igualdad, la universalidad de derechos y la dignidad de las personas, colocándolas en el centro de las decisiones. A 12 años de que los países presenten sus resultados, debemos trabajar para que las niñas y niños del Perú puedan decir, con orgullo, que son ciudadanas y ciudadanos con plenos derechos; y que los jóvenes de hoy puedan decidir, desde ya, en qué mundo quieren vivir. 

Para lograrlo, resultan valiosos los mecanismos de protección de los derechos humanos que los países tienen a su disposición para evaluar su situación sobre aquellos aspectos en los que se observan retrasos. Uno de estos mecanismos es el Examen Periódico Universal – EPU, el cual revisa periódicamente los avances en materia de derechos humanos en todo el mundo. 

En noviembre, el Perú participó en el tercer ciclo del EPU en Ginebra (Suiza), donde recibió las recomendaciones de sus pares. Entre las principales, destacan la necesidad urgente de combatir la discriminación en todas sus formas (sobre todo contra pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y aquella basada en la orientación sexual e identidad de género), promover y proteger los derechos a la tierra y a la toma de decisiones de las comunidades indígenas, combatir la discriminación y la violencia contra la mujer, hacer frente a la trata de personas y respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A estas se sumaron sugerencias para el abordaje de la educación intercultural bilingüe, el hacinamiento en los penales y la protección a los defensores de derechos.  

Según un informe de la OCDE del 2016, la reducción gradual de la discriminación lograría que el PBI global se incremente entre 0,3% y 0,6% al año 2030, mientras que la eliminación de la violencia de género representaría un ahorro de US$12 billones para la economía mundial. Similares estudios establecen, además, una relación positiva entre más derechos a la población LGTBI y un mayor bienestar económico. Y, de acuerdo con cifras de la OIT, la falta de inclusión de personas en situación de discapacidad representa entre el 3% y 7% del PBI de los países de ingresos medios, como el Perú. 

Está en manos de los decisores tomar estas recomendaciones para plantear acciones que aseguren que los sectores vulnerados gocen de sus derechos sin ninguna restricción. A puertas de la aprobación de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos (2017-2021), debemos, como país, garantizar la inclusión de los temas más urgentes y la genuina convicción de respetar las libertades y los derechos de todas las personas sin excepción.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por el Perú en 1948 nos une para continuar trabajando de manera articulada por el desarrollo y el bienestar de los peruanos y peruanas, para que podamos gozar de nuestros derechos y libertades, y para que nadie se quede atrás. Así, Naciones Unidas reafirma su decisión de acompañar los esfuerzos del país en este pilar fundamental y llama a mantener los ideales de igualdad, libertad y dignidad hacia ese objetivo.