"La dictadura ha demostrado hasta la saciedad su falta de voluntad para restituir las garantías ciudadanas, los derechos políticos, la libertad de expresión y la libertad de prensa". (Foto: AFP)
"La dictadura ha demostrado hasta la saciedad su falta de voluntad para restituir las garantías ciudadanas, los derechos políticos, la libertad de expresión y la libertad de prensa". (Foto: AFP)
María José Guerrero

A mediados de enero se anunció en Nicaragua la creación de la Coalición Nacional, una plataforma cuya pretensión es integrar a todas las fuerzas sociales, económicas y políticas de la oposición con miras a encarar a Daniel Ortega en las elecciones del 2021. Sin embargo, cabe preguntarse cómo se pueden lograr, en un régimen de dictadura como el que vive el país, las profundas reformas al sistema electoral que son requisito sine qua non para la consecución de un proceso de elecciones con las mínimas garantías de legitimidad y confianza.

El dilema al que se enfrenta la oposición es tan intrincado como ineludible. O bien decide no participar en unas elecciones orquestadas por los Ortega-Murillo, dejando así el camino libre para la puesta en escena de una farsa de proceso, cuyos actores serían los partidos “comparsa” y candidatos títeres del régimen con el propósito de aparentar ser democrático, o sale al ruedo en una situación de desventaja ante la maquinaria política de un Estado dictatorial, que cuenta con amplia experiencia viciando elecciones. Esto fue demostrado durante los comicios generales del 2011 y del 2016, cuando Daniel Ortega burló todas las disposiciones constitucionales y legales que prohibían su reelección, lo que lo convirtió en el presidente con más años en el poder en la historia de Nicaragua. A fines del 2017, Roberto Rivas, entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, fue sancionado por Estados Unidos por “participar en una corrupción significativa y perpetuar el fraude electoral que socavó las instituciones electorales de Nicaragua”.

La dictadura ha demostrado hasta la saciedad su falta de voluntad para restituir las garantías ciudadanas, los derechos políticos, la libertad de expresión y la libertad de prensa. La impunidad ante las muertes y detenciones ilegales ocurridas en el contexto de las marchas de protesta contra el régimen ha provocado un distanciamiento y desconfianza de amplios sectores de la población con las instituciones del Estado. Según advierte el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y el sistema de justicia penal —Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia— han sido partes activas de la represión, y el poder político ha utilizado dichas instituciones para cometer o refrendar sus abusos”. De acuerdo al documento que presentó el Movimiento Campesino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de sesenta campesinos fueron asesinados en el 2019 como parte de una política de asedio y persecución selectiva de miembros de la disidencia.

El régimen de Ortega domina la totalidad de las instituciones públicas, mediante las que ejerce una severa represión de la oposición. La Coalición Nacional surge en este espacio político restringido, en el que tiene que lograr la consolidación de su unidad, así como formular un plan de acción para hacer frente a la dictadura de Ortega en el 2021. Es fundamental que la comunidad internacional, a través de la presión diplomática y el establecimiento de sanciones, compele al régimen de Ortega a realizar las reformas electorales para garantizar la integridad de este proceso.

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