Debate: ¿Fueron arbitrarios los despidos de la MML?

A FAVOR

¿Qué pretenden?, por Augusto Rey Hernández de Agüero

Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Diálogo Vecinal

En el primer día de la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio, la Municipalidad de Lima amaneció con casi tres mil trabajadores menos. No eran funcionarios de confianza, gerentes, subgerentes o asesores, que ya habían renunciado días atrás, porque es natural que un cambio de gestión implique también un cambio en la alta dirección. Se trataba de personal de seguridad, limpieza, salud; de profesores de los talleres de verano, inspectores de transporte público, jardineros; personal de mantenimiento de los espacios vinculados al arte; obreros y asistentes administrativos. Limeños que sirven a limeños. Varios de ellos con más de 15 años de trabajo en la municipalidad, con contratos vigentes y conocimiento acumulado. Una mayoría de los despedidos fueron mujeres y algunas de ellas gestantes. A todas luces, esto fue una purga que solo puede explicarse desde una perspectiva política perversa, pues carece de absoluto sustento técnico.

La actual gestión aduce que algunos de los contratos de los despedidos fueron renovados en el último mes del 2014 y que esto está prohibido, ya que una gestión saliente no puede asumir compromisos de pagos posteriores a la finalización de su administración. Sin embargo, obvian un detalle que por pequeño no es poco importante: el presupuesto destinado a los sueldos de los trabajadores despedidos ya estaba asignado en el presupuesto aprobado por el concejo el año anterior (donde es de conocimiento público que la alcaldesa Susana Villarán no tenía mayoría), por lo que los salarios de los trabajadores no constituyen nuevos compromisos que afecten los fondos de la gestión Castañeda Lossio. Además, las mismas normas citadas por la nueva gestión señalan la necesidad de que la administración saliente asegure la continuidad de los servicios municipales. ¿Qué pretendían?, ¿que se deje Lima sin servicios?

Aducen también que la municipalidad se encuentra en “quiebra institucional” y que por eso deben prescindir de servicios vitales para la ciudad. Sin embargo, sobre este punto hay dos consideraciones que saltan inmediatamente a la luz. La primera es que la municipalidad no se encuentra en quiebra, hecho corroborado por información del MEF y distintas personas, entre ellas dos regidores del PPC que fueron tenaz oposición a la gestión anterior. Segundo, que, pese a esa supuesta quiebra, una de las primeras acciones de la nueva gestión ha sido cerrar injustificadamente el Parque de la Reserva para realizar una “recuperación total” del espacio y ha procedido a contratar nuevo personal en varias de las posiciones que han quedado libres gracias al despido masivo que se llevó adelante. Esto último sin plata no se hace.

Llama también la atención la falta de sustento para determinar qué trabajadores deben mantenerse, qué servicios no deben continuar y quiénes están siendo eficientes o ineficientes en su trabajo. Sin ningún proceso de evaluación, como corresponde en toda institución pública y privada, se tomó una decisión que no solo vulnera derechos laborales y motiva innecesariamente un escenario de conflicto, sino que afecta los servicios municipales que se brindan a la ciudad y se retrocede todo a cero. Incluso si estos puestos fueran reemplazados por nuevo personal en un plazo breve, ¿con qué criterio técnico puede reemplazarse a varios cientos de trabajadores en pocas semanas de forma responsable?

EN CONTRA

No hubo despido en la MML, por Martín D’Azevedo García

Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Solidaridad Nacional

En los últimos días se ha acusado a la nueva gestión municipal de haber realizado despidos masivos. Antes que nada, una precisión es necesaria: en este caso no puede hablarse de despidos, ni arbitrarios ni justificados. Contrariamente a lo que se viene sosteniendo respecto de los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), lo que ha ocurrido es un vencimiento de los contratos –no renovables automáticamente– de cada uno de ellos. Por lo tanto, estos trabajadores no han sido despedidos, ni mucho menos ha existido arbitrariedad por parte de nuestra gestión. 

El 29 de diciembre pasado, a 48 horas de terminar su gestión, Susana Villarán prorrogó los contratos de administración de servicios (CAS) a los trabajadores de la MML –sin ningún criterio técnico ni profesional–, con la única intención de dejarnos uno de los tantos “candados” que la señora Villarán mencionó en su discurso de despedida. 

Sin embargo, más allá de este último criterio político de “cerrojo”, por lo demás real para con nuestra gestión municipal, al respecto habría que hacer algunas precisiones de tipo legal.

La gestión saliente actuó contraviniendo el principio legal “regla de fin de mandato”, recogido en la Ley de Descentralización Fiscal, que prohíbe “cualquier tipo de gasto corriente, entre ellos el de renovación de cualquier tipo de contrato, que implique compromisos de pago posteriores a la finalización de la administración”. Ello implica que la prórroga realizada a los contratos de los trabajadores por parte de la gestión saliente se hizo de manera ilegal. Además, la ley también norma que cualquier acto que realice la administración contraviniendo la legislación vigente –como dichas prórrogas– es nulo.

Habría que precisar también que los CAS tienen como plazo máximo de duración un año fiscal, y todos sabemos que el año fiscal termina el 31 de diciembre de cada año. Consecuentemente, la prórroga de los contratos que realizó la gestión municipal saliente es ilegal y nula desde su nacimiento. 

Ahora bien, cabe mencionar que los ex trabajadores, por diferentes medios, señalan que nuestra gestión ha despedido indiscriminadamente a personal que ocupaba distintos cargos. Del mismo modo, han afirmado que la mayoría de los despidos corresponden a mujeres y algunas de ellas gestantes. En ese sentido, negamos totalmente que haya existido tal tipo de discriminación de género o por estado de gravidez.

Lo que nuestra gestión viene realizando es un procedimiento de evaluación a todos aquellos trabajadores a los que se les prorrogó el CAS de manera irregular, para detectar y prestar inmediatamente los servicios municipales básicos, para que dichos servicios funcionen con sus respectivos servidores públicos: técnicos y administrativos. Entre ellos están los del Metropolitano, el SAT, los hospitales de la Solidaridad, Pro Transporte, seguridad ciudadana, servicios a la ciudad, etc. 

Todo esto, sin duda, toma tiempo y se realiza de manera progresiva. Sin embargo, ya se han incorporado dos grandes grupos de trabajadores en varias de las áreas mencionadas para no perturbar con este problema a los usuarios de los diversos servicios que requiere la ciudad de Lima.