Debate: ¿Es conveniente el voto preferencial?

A FAVOR

¿Cerrado o preferencial?

Víctor Andrés García Belaunde / Congresista de la República

Los procesos eleccionarios han jugado un rol fundamental en la configuración y desarrollo de la vida política y social del país.

En las campañas electorales surge la competencia, a veces desleal, otras veces manifestando intereses egoístas y personales, para obtener una curul y eso se manifiesta en el voto preferencial, que al final es una guerra de todos contra todos por el poder, en que la billetera manda. Los candidatos del Frente Democrático (Fredemo) en 1990 lo saben mejor que nadie.

Hay que recordar que en política, como decía el dictador mexicano Porfirio Díaz, “los enemigos siempre son verdaderos y los amigos siempre son falsos”.

En nuestra historia electoral, el ahora llamado voto preferencial ya tenía una praxis circunstancial antes de 1978, cuando los constituyentes fueron elegidos bajo este sistema. Un ejemplo de ello ocurrió en las elecciones de 1945, cuando Fernando Belaunde Terry fue elegido diputado por Lima por el Frente Democrático Nacional, al sacar tantos votos como Luis Alberto Sánchez, lo que le valió presidir las Juntas Preparatorias.

Luego, para las elecciones de la Asamblea Constituyente en 1978, la dictadura militar propuso el voto preferencial, y Víctor Raúl Haya de la Torre recibió más de un millón de votos, debido principalmente a la orden del Apra de votar por Víctor Raúl. Estando por acabar la Constituyente, se aprobó la quinta disposición general y transitoria, que reflejaba el acuerdo de los asambleístas para el proceso eleccionario de 1979-1980, y se estableció el sistema de listas cerradas, a propuesta de cada partido político, con lo cual la Constituyente, elegida por el voto preferencial, negaba en un artículo expreso este sistema, tanto para la elección de diputados como para la de senadores.

El voto preferencial, como hoy lo conocemos, se instauró definitivamente a partir de las elecciones de 1985, a propuesta de los senadores Javier Alva Orlandini y Javier Díaz Orihuela, y es facultativo en su aplicación. Es decir, los ciudadanos pueden emplear o no esta preferencia en la lista por la que optan.

Sin embargo, hemos notado que a través de los parlamentos que han sido elegidos con este sistema, ocho en total, el proceso de deterioro del llamado primer poder del Estado ha ido en aumento. Así, se generó un divorcio entre los representados y sus representantes. En 1995, incluso, alguien se puso un número 13 en los glúteos y fue elegida.

Por ello, el problema es mucho más complejo que la simple eliminación del voto preferencial. Planteamos la restitución de la Cámara Alta o Senado y que en su sistema electoral opere el voto cerrado para que los partidos puedan colocar a sus mejores cuadros. Y en la Cámara Baja o de Diputados opere, allí sí, el voto preferencial por tratarse de circunscripciones más pequeñas, donde el elector conoce mejor a sus candidatos.

No obstante, para solucionar el problema de la calidad de los representantes de nuestro desprestigiado Parlamento, se deben establecer requisitos básicos de idoneidad en los candidatos para que nuestros electores voten por el mejor y no por el más bailarín, el más besucón o el que mete goles en la cancha, pero autogoles en el hemiciclo.

EN CONTRA

Por la derogación

Raúl Castro Stagnaro / Presidente del Partido Popular Cristiano

La Ley de Partidos Políticos establece que los candidatos a cargos por elección popular son elegidos a través del sistema de democracia interna, que tiene como sustento el voto de la militancia. Así, se asegura que la meritocracia, las dotes de liderazgo y la entrega y el trabajo partidario produzcan candidatos en una lista ordenada por quienes conocen el desenvolvimiento y las capacidades de los postulantes a través de su desempeño en el partido.

En ese sentido, el orden en las listas tendrá en sus primeros lugares a quienes más condiciones reúnen hasta completar el número. En un verdadero partido político, la dirigencia y la militancia se conocen, los liderazgos se construyen desde abajo, la competencia es legítima y la institucionalidad encauza estos procesos y produce los resultados que concluyen en listas a cargos públicos.

Por cierto, hay partidos que no son tales y que, generalmente, improvisan listas invitando a todo tipo de personajes cuyo historial pocas veces se conoce, por cuanto obviamente no ha existido vida partidaria. No hablamos de ellos, a los que habría que regular de manera completamente distinta a la valla, como exigirles vocación de permanencia en el tiempo y antes de presentarse a elecciones políticas participar en elecciones territoriales.

La lista así producida se presenta al Jurado Nacional de Elecciones y sobre ella el elector aplica el voto preferencial en una campaña electoral de 60 días. Obviamente, hay sectores de la población que eligen conscientemente, pero lamentablemente, y por el momento, esto no es la regla general en el Perú.

La competencia en la misma lista lleva a enfrentamientos crueles entre iguales y los vencedores, aun cuando sean los últimos de la lista y hayan obtenido una casi imperceptible votación comparada a la del partido que los llevó, se sienten dueños de su escaño y en libertad de actuar muchas veces al margen del partido.

Si en Lima participan 20 listas al Congreso, quiere decir que habrá 700 candidatos con mensajes completamente distintos entre sí y aun distintos de quien preside la fórmula presidencial. Aplicarán su márketing sin ninguna restricción y el elector decidirá sin tener en cuenta todos los procesos internos realizados por el partido, la experiencia política de los candidatos, y entonces abundarán los tránsfugas y la población seguirá confundida. Peor aun, los partidos son convidados de piedra por imposición de normas absurdas que cada día les imponen más regulaciones, cuotas, etc., olvidando que la política es liderazgo y debería ser institucionalidad, privilegiando el verdadero rol de los partidos políticos como instituciones sólidas, que así sí podrían responder ampliamente por sus candidatos. Sin embargo, se les ata las manos y se les termina responsabilizando de la mala actuación de los elegidos en el Congreso.

¿Queremos políticos bien formados, que conozcan su oficio, que conozcan de la vida y de la historia política del Perú o queremos que el Congreso sea un simple reparto de curules a los que sin ninguna formación ni compromiso hoy se les convocó o simplemente les sedujo la idea de ser congresistas? Derogar el voto preferencial significa fortalecer la institucionalidad partidaria y dejar atrás el populismo demagógico al que este sistema nos ha arrastrado.