Debate: ¿Participó el Gobierno en el Caso López Meneses?

A FAVOR

¿Solo corrupción policial?

- Javier Velásquez Quesquén -

Congresista de la República

Meses atrás salió a la luz uno de los mayores escándalos políticos de este gobierno. Este se refirió al ilegal resguardo policial que se brindó al domicilio de Óscar López Meneses, uno de los operadores de Vladimiro Montesinos, y trajo consigo la caída de altos mandos policiales, el ostracismo de un comandante general de las Fuerzas Armadas, la salida del ministro del Interior y la “renuncia” del consejero Adrián Villafuerte (muy cercano a la pareja presidencial). 

Este hecho no solo trajo a la memoria las vinculaciones que ha tenido el presidente Ollanta Humala con López Meneses sino también con militares del montesinismo, lo que, aunado a su interés de minimizar esa ilegal protección como un mero acto de corrupción policial y a la actuación de los parlamentarios oficialistas de impedir el testimonio del presidente ante la comisión que investiga los hechos, solo evidencia que algo quiere ocultarse.

Estos acontecimientos no pueden interpretarse fuera del contexto en que el Gobierno ha querido instalar un sistema de inteligencia paralelo para hacer reglaje político a periodistas y líderes de oposición. En esa línea están los cambios legislativos promovidos por el Gobierno para ampliar las facultades de la DINI en el ámbito operativo y su significativo incremento presupuestal, especialmente para la contratación de agentes, que pueda convertirla en una “policía política”. El gobierno de Alan García destinó en el 2011 a la DINI, por concepto de gastos reservados (destinados especialmente al pago de informantes), la suma de S/.9’493.264. En el 2012, en el actual gobierno, ese presupuesto se duplicó a S/.18’132.198 y en el 2013 llegó a S/.65’000.000, equivalente al 58,94 % de todo el presupuesto anual de dicho organismo de inteligencia, como consta en el portal del MEF. 

Es sintomático que justamente durante los primeros meses del pasado año se ejecutara el reglaje al periodista Fernando Rospigliosi. ¿O fue pura coincidencia?

Dicho esto, el irregular resguardo policial en la casa de López Meneses no puede constituir un hecho aislado respecto de la intención del Gobierno de implementar un sistema paralelo de inteligencia. De allí que resulte válido preguntarse si las actividades que se realizaban en la casa de la calle Batallón Libres de Trujillo 209 tienen relación con un centro de operaciones de espionaje, teniendo en cuenta que dicho resguardo no pudo haberse dado sin el conocimiento, autorización y protección de las más altas esferas del poder. Dado lo delicado de este asunto, es necesario tomar el testimonio del presidente Humala.

Finalmente, nadie puede negar la importancia que tiene para el país esclarecer estos hechos irregulares, ya que nos remontan a situaciones que deberíamos haber superado, relacionadas con el uso de los servicios de inteligencia y espionaje político para favorecer proyectos políticos autoritarios o familiares. 

Por último, el jefe del Estado, después de haber sostenido por varios meses que esta ilegal protección se debe a un acto de corrupción policial (sin mostrar evidencia concreta que lo sustente), debería ser el más interesado en brindar testimonio a la comisión para que las hipótesis de trabajo que se discuten –y lo involucran– se puedan disipar. 

EN CONTRA

Nada que ver

- Fredy Otárola -

Congresista de la República

Apenas se dio a conocer la denuncia sobre el ilegal resguardo a la casa del ex operador fujimontesinista Óscar López Meneses, fuimos los primeros en pronunciarnos sobre la necesidad de llegar a la verdad, caiga quien caiga. Como presidente del Congreso, me tocó designar la comisión investigadora que vería el caso, cuya presidencia recayó en el fujimorismo, pese a probados vínculos con el investigado. 

Lo único que exigimos en esa oportunidad fue llevar adelante una investigación de manera objetiva, sin prejuzgar ni adelantar opiniones, para así poder sancionar a quien se tenga que sancionar. Por eso, nos parece poco responsable que no haya interés en aclarar este caso por parte de la comisión. 

Da la impresión de que la verdadera intención u objetivo sería involucrar a como dé lugar al jefe del Estado, Ollanta Humala. Por ello, pedimos a su presidente, Juan Díaz Dios, más mesura, de manera que no haya la sensación de que se actúa por cálculo político y para evitar que su trabajo pierda objetividad, seriedad y, por lo tanto, validez. 

Empero, debemos remarcar de manera enfática que el presidente Humala no ha tenido ningún tipo de participación en el irregular resguardo al ex operador fujimontesinista. Los involucrados han sido sancionados al interior de la Policía Nacional y el Ministerio Público realiza otra investigación. 

En los últimos días se ha levantado nuevamente información a partir de documentos de orden policial que tratan de relacionar el ilegal resguardo con el despacho presidencial. Todo parte de un oficio dirigido por el jefe de la División de Seguridad Presidencial al jefe de la Oficina de Inteligencia de la Dirección de Seguridad de Estado, su superior inmediato. El documento advierte sobre el posible funcionamiento de una empresa de seguridad en un inmueble colindante con el colegio del menor hijo del presidente, donde se observaba movimientos de vehículos y de personal vestido de negro que podía constituir un riesgo. A partir de esa información, y luego de la investigación correspondiente, la Policía identificó a los propietarios y ocupantes, entre ellos a personas vinculadas al narcotráfico, por lo que solicitó a la Dirandro investigar el tema y luego a la División de Lavados de Activos, donde se realiza la investigación en estos momentos. 

Ninguno de estos documentos se refiere directa o indirectamente al ilegal resguardo policial. Todo ocurre en el ámbito policial, sin la participación de otros funcionarios de Palacio de Gobierno, y mucho menos del despacho del presidente de la República. Por otro lado, según el criterio jurídico, ninguna autoridad tiene competencia para investigar, citar, procesar, acusar o sancionar al jefe del Estado hasta que concluya su mandato, salvo el Congreso de la República, pero únicamente en relación con las causales que se encuentran expresamente establecidas en el artículo 117 de la Constitución (traición a la patria, entre otras). Hay que recordar que el presidente no responde políticamente, sino que lo hacen los ministros de Estado a través de los mecanismos de control parlamentario (pedido de informes, interpelación y/o censura). En consecuencia, él no puede ser citado, como testigo, por el Congreso. No está obligado a asistir a una comisión congresal ni a recibirla, y no puede ser compelido bajo ningún tipo de apremio.