Debate ¿Quitar los beneficios económicos a la Iglesia Católica?

A FAVOR

Esos benditos subsidios

Helmut Kessel

Presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú

El principio de Estado secular/laico establece que ninguna fe religiosa o sus doctrinas pueden ser impuestas a través de la ley, y que ninguna institución religiosa debe recibir privilegios especiales. 

Implica también que el ciudadano es libre de no profesar ninguna fe y de no aportarles dinero si no quiere. Los subsidios por más de 2,5 millones de soles anuales a la Iglesia Católica con el dinero de todos representan una imposición del Estado que contraviene este principio. 

Parte de los impuestos de evangélicos, no creyentes y otros están yendo a parar a manos de la Iglesia y a beneficiar económicamente a instituciones afiliadas a ella como el Sodalicio, o a generar competencia desleal en favor de la Iglesia Católica en sectores comerciales como los cementerios.

Llama la atención que en un país con serias deficiencias en las áreas de educación, ciencia o deporte, las subvenciones a instituciones como la Academia Nacional de Ciencias, federaciones deportivas o la Academia Nacional de Medicina equivalen tan solo a una pequeña fracción del monto subvencionado a la Iglesia. 

Esta priorización enrevesada no proviene tan solo del Concordato, promulgado precipitadamente en los últimos días de la dictadura militar. Es también herencia de una época distante en la que el Estado intervenía muy poco, no existía el sector profesional de desarrollo y ayuda social, y la Iglesia debía encargarse de la mayor parte de la salud, educación, caridad e incluso mucha de la burocracia. Viene también de la tradición que tiene la Iglesia de intentar estar siempre cerca del poder político. 

Muchas asociaciones sin fines de lucro están exoneradas de impuestos o reciben dinero del Estado, pero estas se exponen al escrutinio y la fiscalización, algo que la Iglesia se niega a aceptar. Hay obras e iniciativas de la Iglesia Católica que merecen ser respaldadas por el Estado, pero deberían pasar por los mismos filtros y auditorías que pasan todos. Además, estar dispuestos a hacer pública la información.

Como solución, muchos candidatos proponen extender los mismos beneficios a todas las religiones. Ojalá que esto solo responda a una estrategia electoral, pues de ponerse en práctica lo dicho se abriría una caja de Pandora donde innumerables sectas evangélicas estarían recibiendo subsidios, y donde tendríamos cientólogos y mormones (que no necesitan plata), como quizá también a satanistas, Aum Shinrikyo, seguidores de Jim Jones y toda clase de cultos siniestros o esotéricos tratando de pedir dinero al Estado.

¿Qué institución sería entonces la encargada de definir a una religión o de calcular su proporción? Con tanto dinero de por medio, los negociados y la corrupción serían rampantes. 

Hay sistemas muy exitosos en que se les cobra un impuesto especial y proporcionado a sus ingresos a los seguidores inscritos de distintas religiones. Esto también implica que al ver afectado su bolsillo, los católicos ‘solo en nombre’ tenderán a sincerar sus propias creencias y, por ende, ayudar a sincerar las estadísticas de religión. 

La solución está en el autofinanciamiento y la transparencia al pedir exoneraciones especiales. Obligar a todos a dar parte de su dinero a un culto en el que no necesariamente creen viene de ideologías teocráticas que ya no tienen lugar en este siglo. 

EN CONTRA

El Estado y la Iglesia

Mario Castillo Freyre

Abogado

Entre los temas de esta campaña electoral surgió el relativo a por qué el Estado Peruano otorga beneficios económicos a la Iglesia Católica. Así, sin mucho sustento, se predica que tales beneficios deben ser otorgados a todos los grupos religiosos o, en su defecto, a nadie.

Voy a referirme a aspectos de fondo para defender por qué sí se deberían seguir otorgando estos beneficios, que es lo que precisamente se ha olvidado en el debate de esta propuesta.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que el hecho de que el Estado Peruano otorgue beneficios a la Iglesia Católica tiene base jurídica y constituye una obligación a la que nuestro país se ha comprometido no con una institución, sino con un Estado. 

En julio de 1980, el Perú suscribió un tratado (concordato) con la Santa Sede, en que, entre otras cosas, se comprometió a otorgarle beneficios económicos (al igual que a las instituciones que la integran). Este tratado obliga, por ser un vínculo que une a ambas partes, y su eventual modificación requeriría ser acordada por ellas mismas. 

En ese sentido, quienes proponen eliminar estos beneficios han olvidado decirnos algo muy importante: ¿cómo desconocerán de manera unilateral algo a lo que el Perú se ha comprometido como Estado? 

Por otra parte, en caso no se opte por desconocer estas obligaciones a favor de la Santa Sede y se desee otorgar los mismos beneficios a todos los grupos religiosos, surge la pregunta relativa a la modalidad en que se realizará esto. Recordemos que no solo se está otorgando tales beneficios a una institución, sino a un Estado. Entonces, ¿con qué otros estados se celebrarán estos tratados para otorgar los mismos beneficios? Pues es obvio que con ninguno. 

Ante esto, el Estado, motu proprio, ¿otorgará beneficios a través de leyes a todos los grupos religiosos existentes en el país, por más grandes, pequeños, antiguos o nuevos, que estos fueren? ¿Será eso posible? ¿Habrá dinero para ello? ¿Podríamos formar una nueva Iglesia mañana mismo, y ser receptores de tales fondos? Estas preguntas surgen cuando se aborda el tema, pero ningún candidato las ha planteado, ni mucho menos respondido. 

Los beneficios que otorga el Estado Peruano a la Iglesia Católica tienen también vasto sustento histórico y son un reconocimiento por toda la labor que esta institución ha cumplido en el desarrollo de nuestro país. La Iglesia Católica está presente en el Perú desde hace casi medio milenio y constituye un pilar fundamental en la historia, cultura, educación y espiritualidad de muchas generaciones de peruanos.

Tampoco es un asunto que tenga que ver con la laicidad del Estado, pues ello no está en discusión. Hablamos de un tratado celebrado entre dos países.

Por último, no es un tema de discriminación, pues esta se presenta cuando se postergan los derechos de alguien que se halla en el mismo supuesto jurídico de otro, que sí se beneficia en el caso concreto. En el asunto abordado, y por las razones expuestas, el caso de la Iglesia Católica y la Santa Sede es único, muy especial e irrepetible.