"La ciudadanía juzgó, sin exculpar a Martín Vizcarra de lo que se le acusa, que el Congreso priorizó sus ansias de poder y sus intereses antes que los del país". (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)
"La ciudadanía juzgó, sin exculpar a Martín Vizcarra de lo que se le acusa, que el Congreso priorizó sus ansias de poder y sus intereses antes que los del país". (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)
Gonzalo Ramírez de la Torre

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En los últimos días, en los que el país ha vivido una de sus más graves y miles de ciudadanos han salido a la calle a protestar, una de las frases más comunes que he oído se resume en: “Qué pena, votemos mejor la próxima vez”.

Esta actitud aflora ante el descontento ciudadano y trata de, por un lado, responsabilizar –con cierta resignación– a las personas por los vicios de los políticos que eligieron y, por otro, de sugerir que la democracia es apenas un sistema mediante el cual se elige autoridades por un periodo determinado, al final del cual recién se puede sancionar o premiar a los burócratas desde las urnas. En ambos casos, estamos ante lecturas limitadas de la realidad y de los principios que caracterizan a la democracia.

En primer lugar, no queda duda de que, en principio, uno elige a una autoridad con la expectativa de que esta lo represente durante toda su gestión y que, por eso, se tiene que trabajar para emitir un voto informado. Pero creer que esa representación se va a llevar a cabo sin tropiezos es ingenuo y colocaría al político en una posición de perfección sobrehumana. Entonces, es la obligación del elector mantener constantemente vigilada a la gente a la que ha puesto en el poder. No solo para que no tome malas decisiones (como vacar a un presidente en plena crisis sanitaria), sino también para que esté al tanto de cómo evolucionan las necesidades de los individuos, que difícilmente se mantendrán estáticas por cinco años.

En segundo lugar, basta con ver cómo está construido nuestro sistema político para entender que la democracia no es un proceso que empiece y termine en procesos electorales. Si existen tres poderes del Estado es para que se contrapesen entre sí continuamente y si existe la libertad de expresión es para que la gente y los medios de comunicación puedan monitorear lo que ocurre en el aparato público y exigir cambios y acciones cuando sean necesarios. No se trata de tragarse el sapo solo porque uno eligió a, digamos, un parlamentario que terminó siendo un irresponsable, se le puede y se le debe exigir rendir cuentas mientras ejerce el poder.

La democracia, en fin, es un sistema de gobierno, valioso por la posibilidad que tiene de irse autocorrigiendo: adaptándose y evolucionando.

Lo ocurrido en la última semana tras la vacancia es una muestra clara de todo lo anterior. La ciudadanía juzgó, sin exculpar a de lo que se le acusa, que el Congreso priorizó sus ansias de poder y sus intereses antes que los del país. Lo que siguió, gracias a que –para colmo– el gobierno de no quiso entender la escala del descontento y cuánto de este estaba dirigido a él, fue un estallido de protestas que rindió frutos: la renuncia de Merino.

En suma, un escenario donde los jóvenes (protagonistas de las manifestaciones) demostraron entender mejor que sus mayores cómo se ejerce la ciudadanía y cómo funciona la democracia.