(Foto: Archivo El Comercio)
(Foto: Archivo El Comercio)

“Wiñaypacha”, del cineasta puneño Óscar Catacora, nos sobrecoge desde sus primeras imágenes. En el cine limeño el paisaje altiplánico irrumpe con gran intensidad. Lo hacen también las voces aimaras de sus personajes, Willka y Phaxsi, padres que añoran el retorno de un hijo que migró a la ciudad. La primera película peruana filmada íntegramente en aimara nos permite conocer la visión que tienen dos ancianos indígenas sobre un mundo que se ha transformado, aunque el paisaje que los rodea parezca imperecedero.

El , como expresión artística, nos permite acercarnos a la realidad y descubrir universos que nos son ajenos. Por ello, a través del , el Estado promueve las artes y las expresiones culturales en su conjunto. “Wiñaypacha”, por ejemplo, fue ganadora de dos concursos del Ministerio de Cultura que facilitaron su realización y posterior estreno en salas de cine de Lima y las principales ciudades del sur del país. Desde el 2015, se han otorgado 229 apoyos económicos en diversas áreas y etapas de la actividad cinematográfica. Es necesario aprobar la Ley del Cine para que otras películas, como “La casa rosada” del fallecido cineasta ayacuchano Palito Ortega, puedan ver la luz en el mercado nacional e internacional.

En la medida que los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a acceder a una oferta cultural amplia y diversa, el Estado debe asumir un rol promotor en la creación de nuevos emprendimientos culturales, tanto en el cine como en las diferentes ramas de la creación artística, dándoles oportunidades a los miles de jóvenes de las regiones por cuya sangre corre una vocación artística nutrida de la estética y tradición de sus pueblos. Así también nuestros siete elencos nacionales están conformados por cientos de niños, niñas, jóvenes y adultos que logran llenar plazas y parques, pero nos falta aún descentralizar sus espectáculos. Que un niño en Iquitos pueda escuchar a la sinfónica nacional debe ser también nuestra meta.

En la actualidad, más de cuatro millones de peruanos tienen como lengua materna alguna de las 48 lenguas indígenas. Sin embargo, para acceder a los servicios públicos, la regla ha sido el uso del español y la escritura. Si no llevamos las lenguas al espacio público estas seguirán languideciendo. El Estado debe garantizar de manera directa el acceso a los servicios brindados en lenguas originarias, pero no solo para traducir sino para comprender a las otras culturas con las que cohabitamos, a las que hemos marginado históricamente. La lengua es solo la puerta de entrada a un camino de reivindicación con los millones de peruanos y peruanas que, por su condición étnica, no acceden en igualdad de condiciones a los beneficios del Estado y el mercado.

En ese sentido, es importante destacar que el Ministerio de Cultura también es garante de los derechos de los indígenas del país, quienes son parte fundamental de nuestra nación. Junto a la población afroperuana, su aporte a la construcción de nuestra república es invaluable. Por ello, no es gratuito que, entre sus diferentes competencias, el ministerio coordine la implementación de la consulta previa, un mecanismo de diálogo que ha permitido acercar al Estado a los ciudadanos indígenas, siendo la base de una inversión sostenible. Nos corresponde aprender de los 39 procesos implementados a la fecha y fortalecer este derecho; pero también ampliar las bases de su participación en el diálogo con el Estado en las decisiones que los afectan. Los pueblos quieren el desarrollo y hay que contribuir a acelerar la inversión pública que les garantice más y mejores escuelas, más y mejores postas de salud.

Solo reconociendo nuestras diferencias podremos construir una visión de futuro sobre la base de aquello que nos une. El patrimonio nos une profundamente. Parte de nuestro orgullo nacional está constituido por la memoria de las grandes civilizaciones prehispánicas; sin embargo, la situación de nuestro patrimonio es acuciante. Menos del 1% de nuestras huacas cuentan con saneamiento físico y legal que nos permita invertir para investigar, conservar y ponerlas en valor, lo cual se traduce en el deterioro de los centros patrimoniales. El complejo Wari en Ayacucho solo ha sido excavado en un 6% y a la fecha no existe un solo proyecto desde el Ejecutivo que nos permita descubrir los misterios de esta civilización. Es nuestra prioridad normar todo aquello que nos facilite la investigación arqueológica, el saneamiento físico y legal de nuestro patrimonio, contar con más proyectos de inversión para conservar y poner en valor nuestro patrimonio para que esté a disposición de nuestros compatriotas y del mundo.

¿Cómo construir identidad y ciudadanía si no sabemos de dónde venimos? En el Ministerio de Cultura consideramos que la conservación del patrimonio debe tener como fin principal contribuir al desarrollo y la calidad de vida de las poblaciones que viven a su alrededor, garantizando su protección de manera sostenible. Experiencias como las del proyecto Qhapaq Ñan en la zona arqueológica Huaycán de Cieneguilla nos muestran cómo estos lugares se han convertido en un espacio de cohesión social para los ciudadanos del distrito, quienes se han involucrado de manera voluntaria en su conservación y puesta en valor. En ese sentido, la revitalización del patrimonio es un poderoso elemento de identidad y orgullo.

De cara al bicentenario, el Ministerio de Cultura debe cumplir un rol activo en la construcción de una ciudadanía basada en nuestra diversidad y garantizar el derecho a la sin barreras ni restricciones. Queremos un Perú orgulloso de un pasado, y por eso lo protege, un país con focos culturales que lo hacen atractivo para el turismo, pero también un país con una ciudadanía que mira el pasado para encontrarse en él y proyectar un mejor futuro.