El desafío del crecimiento, por Alfredo Thorne

El reciente desempeño económico deja mucho que desear. Por una parte, estuvo influenciado por choques difíciles de anticipar, como El Niño costero y los escándalos del Caso Lava Jato, que nos han restado 1,5 puntos porcentuales del crecimiento anual en el 2017. Y por otra parte, la desaceleración en la producción minera sustrajo 2 puntos porcentuales.

Como respuesta a El Niño costero, en abril propusimos un aumento en la trayectoria fiscal de 3,2 puntos porcentuales en cuatro años. Muchos han coincidido en la necesidad de un mayor estímulo fiscal y algunos lo ven como la mejor respuesta ante la evidente desaceleración económica. Sin embargo, esta respuesta es insuficiente, pues el Estado Peruano tiene problemas estructurales para gastar –una herencia de exceso de controles–, temores de los funcionarios públicos y falta de capacidades a niveles subnacionales. Hay un alto nivel de subejecución presupuestal y, en particular, en inversión pública. Al cierre de junio, a la mitad del año, el Gobierno general –que incluye a todos los niveles de gobierno– solo había ejecutado el 24% de su presupuesto en inversiones y el Gobierno Nacional solo el 22%.

Pero aun si fuésemos un ejemplo en ejecución –la Suiza de América Latina–, con una inversión pública que solo llega al 5% del PBI, el estímulo fiscal tendría que ser masivo para compensar los choques experimentados. En consecuencia, es difícil soslayar la importancia del gasto privado –consumo e inversión–, que llega al 82% del PBI, como instrumento para revertir la desaceleración. Si bien inicialmente hacía sentido apostar a que el destrabe de los cerca de 18 mil millones de dólares en proyectos parados estimularía la economía, el advenimiento de Lava Jato y la suspicacia natural que se generó en los contratos entre el Estado y empresas privadas requiere que se avance más lento para dar todas las seguridades de que las medidas que se tomen tendrán legitimidad política. Frente a eso se hace necesario poner más énfasis en los nuevos proyectos mineros, de hidrocarburos y en las nuevas adjudicaciones de asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos (OxI).

La falta de crecimiento pareciera ser más grave de lo que pensamos, lo que se ilustra por el desempeño de nuestros socios comerciales. Aun cuando solo hemos crecido 2,1% en el primer trimestre, los países de la Alianza del Pacífico lo han hecho en 1,6% y el FMI pronostica que América Latina crezca solo 1,1% en el 2017. Nos gustaría pensar que somos diferentes, pero la falta de crecimiento va más allá de nuestras fronteras. Los buenos años de bonanza económica han pasado a la historia y el período de altos precios de nuestras materias primas va a tardar mucho en volver.

Aun cuando aprovechamos los buenos años para modernizar nuestra economía, lo que no cambiamos fue nuestra dependencia del ciclo de las materias primas y debemos convencernos de que necesitamos una transformación. Un indicador de nuestra eficiencia, como lo es la productividad total de los factores, llegó a ser negativo en el 2015 y el 2016. Otro, el índice de competitividad calculado por el Foro Económico Mundial (que mide nuestra eficiencia relativa, es decir, en comparación con otros países), muestra que hemos retrocedido.

En el primer año de gobierno el MEF propuso una reforma estructural que nos permita encender nuevos motores de crecimiento y convertir a nuestras clases medias en actores principales. Quisimos concentrarnos en pocos objetivos y propusimos un ‘boom’ de infraestructura y formalización, y estimamos que cada uno nos podría dar un punto porcentual de crecimiento por año.

Para lograr este ‘boom’ de infraestructura, simplificamos los procesos de inversión pública cofinanciada con el nuevo Invierte.pe y la reforma del marco legal de APP y Pro Inversión, priorizando la simplificación de procesos y a la vez garantizando una selección eficiente de proyectos. Estos resultados recién se verán en el 2018, cuando los nuevos proyectos se preparen con el nuevo Invierte.pe. Planteamos una programación multianual a 3 años, un Plan Nacional de Infraestructura, y un Fondo de Infraestructura que se alimentaría de los excedentes presupuestales. Los resultados se empiezan a ver, por ejemplo, en los proyectos de la nueva Pro Inversión, y en la ejecución en OxI, que en los seis primeros meses aumentó en 115% con respecto al año anterior.

Más debatida fue la propuesta de formalización –de empoderar a las clases medias–. Por una parte, son los trabajadores menos productivos, fundamentalmente por distorsiones regulatorias y de precios que limitan su acceso a los factores de producción como maquinaria y equipo, capital de trabajo y capacidades técnicas. Pero, por otra, son los más propensos a recaer en la pobreza. La reforma empezó con los cambios tributarios que reducían el impuesto al crecimiento, pero incluía una serie de otras medidas aprobadas en el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Las más relevantes son la reforma laboral y de protección social. La primera tiene como objetivo dar más flexibilidad a los trabajadores. La segunda, y en un horizonte de 10 años, propone reducir los impuestos sobre la nómina como forma de formalizar; también contempla la masificación de las pensiones a toda la fuerza laboral; y convertir al asegurado y su acceso a servicios de salud en el objetivo central de la reforma. El gran desafío no está en tomar medidas para retomar el crecimiento en un año, sino en los siguientes 10.