El desagüe y el mar, por Eduardo Borda

La contaminación por efluentes domésticos en playa Arica (Lurín) ocasionó la clausura del balneario, a pesar de que el Estado –a través del sector Salud (Digesa), Agricultura (ANA), Ambiente (OEFA), Vivienda (Sunass) y el gobierno local– buscó por meses una solución que detuviera el flujo de aguas residuales al mar. Esto nos recuerda que los problemas ambientales estructurales no tienen control de daños efectivo. 

Una política ambiental reactiva y preventiva requiere que identifiquemos al principal contaminador. Todo debe ser científicamente determinado y cuantificado. Corregimos dando prioridad al más severo e implementamos mecanismos para que no se repita. Si hablamos del mar peruano, los ecosistemas por proteger no son poca cosa. Este provee la segunda principal fuente de proteína animal para consumo humano directo (solo por debajo del pollo), a razón de 16 kilos de pescado per cápita; aportando el 10% del PBI, y convirtiéndose en componente fundamental de la vida recreacional de las personas.

¿Dónde radica el problema? En el Perú no hemos identificado al principal contaminador de nuestro mar. El Estado apuesta por la fiscalización ambiental sectorial del OEFA. Esta identifica al sector de procesamiento industrial pesquero (aproximadamente 300 plantas pesqueras) como el principal responsable de la contaminación de nuestro mar, a través de descargas de efluentes pesqueros a nuestro litoral. Solo ello explica por qué se fortalece cada vez más la fiscalización de esta actividad en concreto y el abandono de la vigilancia ambiental en otros sectores. 

¿Pero, existe otra actividad que impacta más al mar peruano que los efluentes pesqueros? Sí y por mucho: los desagües domésticos. El conjunto de todas las plantas pesqueras para consumo humano directo (enlatado y congelado) genera unos 5 millones de m3 de aguas residuales al año. Suponiendo que las plantas harineras procesen al máximo de su capacidad, generarían un aproximado de 4 millones de m3 anuales (dependiendo de la disponibilidad del recurso hidrobiológico). En la sumatoria se asume que procesan el máximo de captura de anchoveta anual y llegamos a 9 millones de m3. Esta cifra resulta minúscula en comparación con los cerca de 900 millones de m3 de efluentes domésticos que anualmente se descargan a los desagües administrados por las empresas públicas de saneamiento estatales. 

Esta cantidad de efluentes es recolectada en plantas de tratamiento que, un 82% de las veces, se encuentran en la zona costera. Según el OEFA, estas plantas solo tratan el 20% del total de efluentes que reciben. Según la Sunass, de la porción de efluentes que recibe tratamiento, la gran mayoría no recibe tratamiento completo. Y lo peor es que gran parte es vertida al mar peruano. 

Lo cierto es que, pese a que existen normas ambientales como los límites máximos permisibles (LMP) exigibles a las EPS de propiedad estatal, estas no implementan hasta hoy medidas de fiscalización efectivas para garantizar que los miles de litros de efluentes vertidos a diario en nuestro mar no pongan en riesgo los ecosistemas marinos. Casos como el de playa Arica se repiten desde hace décadas. Nuestro litoral ya tiene zonas costeras “muertas”, si no veamos el caso de la bahía El Ferrol en Chimbote. 

Si bien el Estado tiene talento para perseguir y sancionar a los privados (si no preguntémosle a la gran minería formal o a los industriales pesqueros), cuando el propio Estado es el contaminador saca a relucir sus más grandes falencias.