Bettina Woll

Un panorama de sin precedentes define nuestros tiempos. En todo el mundo, la pandemia, la polarización política y social, la crisis alimentaria y la emergencia climática nos sumergen en tiempos inciertos. Esta incertidumbre socava nuestra capacidad de tomar decisiones y nos ha expuesto a situaciones críticas, desatando una creciente sensación de inseguridad, afectando incluso nuestra salud mental. El , bajo estas dimensiones inciertas, es el tema central del último Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ().

Por primera vez en 32 años el informe advierte que el desarrollo en todo el mundo se ha estancado. Hasta el 2020, el índice de desarrollo humano (IDH) –que mide la situación de la salud, la educación y las condiciones de vida de los países– había aumentado cada año. Pero cayó en el 2020. Y volvió a caer en el 2021. Y cayó en casi todos lados, al punto de que el 90% de los países registra un descenso, anulando cinco años de progreso a nivel mundial.

La superposición y la velocidad de estas crisis y la incertidumbre global no es ajena al Perú. El COVID-19 expuso la fragilidad de nuestra economía y los sistemas de protección social, causando estragos en la pobreza, acentuando las desigualdades, colapsando nuestros sistemas de salud y dejando una generación con aprendizajes perdidos. Y, además, más de la mitad de la población peruana (16,6 millones) está en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, debido principalmente a la limitada recuperación de ingresos laborales y las fuertes presiones inflacionarias.

Esta situación da cuenta del alto nivel de vulnerabilidad del país ante complejos choques externos. Desde 1990 hasta el 2019, el Perú tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 0,82% de su IDH, lo que lo ubica como un país de alto IDH, solamente superado por Colombia y Bolivia a nivel regional. Sin embargo, en los dos últimos años, el país registró una caída de 1,93 puntos porcentuales, lo que implica un retroceso de cinco años en términos de desarrollo humano. Más aún, el Perú sufrió un deterioro en su posición en el ránking mundial –pasó del lugar 78 al 84– que sugiere cómo la magnitud de la caída ha sido relativamente superior a la de otros países en posiciones cercanas a la peruana.

A pesar de esa caída, el Perú sigue ostentando un IDH alto, lo que evidencia las importantes mejoras de las capacidades de nuestra población, que no se limitan a logros en materia de bienestar, sino que incluye sus libertades y su capacidad de actuar. No obstante, en un país tan heterogéneo y diverso, es fundamental realizar un análisis desagregado y en detalle de sus territorios, a fin de dimensionar los inmensos contrastes y brechas que existen y que representan un desafío insoslayable para el desarrollo humano.

Volver a la “normalidad” no es la solución, sino más bien buscar un nuevo escenario que tenga la capacidad de adaptarse a entornos cada vez más inciertos y complejos. En tal sentido, el informe nos llama a la acción y nos propone un conjunto de políticas decisivas para que los países y las comunidades puedan navegar por este nuevo complejo de incertidumbre y así lograr futuros más resilientes, sostenibles e inclusivos. Necesitamos políticas que inviertan en un desarrollo sostenible, que aseguren el bienestar de las personas y promuevan la innovación tecnológica, económica y cultural para responder a los grandes desafíos.

Al respecto, en el Perú urge promover una inversión sostenible que permita el desarrollo y la generación de empleo mientras se protegen los recursos naturales de este país megadiverso. Es fundamental, entonces, impulsar sistemas de gobernanza en los distintos territorios que agilicen la transformación productiva y la inclusión en armonía con la naturaleza.

De igual manera, es necesario repensar el sistema de protección social, apuntando hacia uno más inclusivo y redistributivo, que además de asegurar un mínimo de bienestar para todas las personas también promueva la productividad de los grupos más vulnerables. En esa línea, garantizar el acceso universal a servicios básicos es una inversión indispensable para el desarrollo humano inclusivo, que permitirá reducir las enormes brechas estructurales del país.

Por otra parte, abrazar la innovación también será crucial para el éxito de estas políticas. Si bien la innovación está relacionada a la tecnología –cuyo acceso debe llegar a toda la población–, también puede vincularse a los desafíos de impacto social, como la solución integral de los conflictos sociales, o a la innovación económica, para lograr un conjunto de incentivos para incorporar el componente ambiental en las decisiones de inversión.

La única certeza es que nuestro futuro es incierto. Pero estamos a tiempo de tomar decisiones que nos permitan definir mejor la dirección que queremos. Hoy más que nunca contamos con herramientas suficientes para avanzar en esa dirección que, acompañadas de una gobernanza efectiva, liderazgo y cohesión social, nos llevarán a un futuro, más que incierto, prometedor.

Bettina Woll es representante residente del PNUD en el Perú