“No descansaré hasta encontrarte”, por Gisella Vignolo

La promulgación de la Ley 30470 constituye un gran desafío para el Estado y nuestra sociedad, pues debe articular los esfuerzos de distintas instancias, públicas y privadas, para emprender la búsqueda de las personas desaparecidas entre los años 1980-2000. Bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se espera brindar una respuesta a las familias de los más de 15.000 desaparecidos, tarea compleja y que no solo atañe un aspecto legal. Es brindarles una esperanza. Una luz en la oscuridad. De ahí la importancia de entender el carácter humanitario de la norma. 

En 1997, a casi un año de iniciado el trabajo de la Defensoría del Pueblo, uno de los pedidos más emblemáticos recibidos, por la magnitud del impacto en la vida de miles de familias, fue el de Anfasep, organización de mujeres campesinas y quechuahablantes que, impulsadas por Angélica Mendoza, conocida como ‘Mamá Angélica’, exigían conocer el paradero de sus seres queridos, en una de las regiones más azotadas por el terrorismo: Ayacucho. Hoy a sus 87 años y con una salud deteriorada, no olvida al hijo que jamás volvió a ver. 

Ellas solo quieren saber dónde están sus padres, esposos, convivientes, hijos o hermanos, después de haber caminado durante muchos años, llevando consigo un dolor que no cesa, ante la indiferencia de autoridades, que poco o nada hicieron por escucharlas. Resulta admirable la fortaleza y perseverancia por seguir buscándolos, a veces de manera silenciosa y secando sus lágrimas, pero con una firmeza inquebrantable y sin perder las esperanzas de encontrarlos en algún lugar.

¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo? ¿Acaso es tan difícil imaginar la incertidumbre en la que viven estas familias hace más de 30 años? Podríamos imaginar respuestas, pero sin duda alguna, la historia será testigo de la indolencia de aquellos que cerraron sus ojos ante un sufrimiento que no sintieron suyo o, peor aún, que ignoraron. Más allá de las dificultades vividas, hoy se abre un camino para estos peruanos y peruanas que quieren recobrar la confianza en sus autoridades y estar seguros de que se harán los esfuerzos para un proceso de búsqueda serio, ordenado y provisto de los recursos técnicos, logísticos y económicos suficientes.

Para lograr esa legitimidad se debe garantizar que en la implementación de la norma participen los familiares y sus organizaciones, a fin de que conozcan los ejes centrales de esta política, la naturaleza de la búsqueda y la complejidad de las investigaciones forenses. Este proceso debe ser participativo, asegurando una debida articulación entre todas las entidades, principalmente el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales y locales. Cada uno deberá demostrar su sensibilidad y voluntad. Todo eso es necesario para saldar esta deuda y cumplir los objetivos de la ley.

Como escuché hace un tiempo, en un conmovedor relato, al padre de un joven desaparecido a los 15 años mientras retornaba de su colegio: “Si tan solo pudiera encontrar un hueso de mi hijito, lo abrazaría tan fuerte para sentir que lo tengo nuevamente junto a mí y decirle lo mucho que lo amo y extraño. Ese día –podré al fin– despedirme de él y estaré seguro de que cumplí con la promesa que le hice: ‘No descansaré hasta encontrarte’”.