Del desorden al desastre, por José García Calderón
Del desorden al desastre, por José García Calderón
José García Calderón

En las últimas semanas hemos sido testigos de que la falta de prevención ante los desastres naturales acarrea graves consecuencias en diversas regiones del país. En una geografía tan singular como la nuestra, la probabilidad de su ocurrencia es alta y los niveles de riesgo se incrementan en la medida en que la ocupación del territorio no contempla las mínimas medidas de previsión ante posibles desastres.

En este contexto, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021 considera que uno de los factores críticos que incide en el incremento de riesgos es la carencia de instrumentos adecuados de ordenamiento territorial. Asimismo, según el Ministerio del Ambiente, el 46% de nuestro territorio se encuentra bajo calificación de vulnerabilidad alta y muy alta; siendo ocupado además por un tercio de la población nacional.

Como parte de la estrategia nacional para enfrentar de manera efectiva la gestión del riesgo de desastres, las municipalidades provinciales y distritales juegan un rol primordial no solo actuando reactivamente ante las emergencias, sino principalmente anticipando y previniendo nuevas situaciones de riesgo. En esta línea, promover el desarrollo urbano y territorial a nivel local puede llegar a convertirse en una estrategia efectiva, como ha sucedido en diversos países de la región. Este desafío contrasta, sin embargo, con una cruda realidad en nuestro país, pues menos de la tercera parte de las municipalidades cuenta con planes aprobados y actualizados, los cuales se enfocan principalmente en áreas urbanas que representan un pequeño porcentaje de los extensos territorios que les brindan soporte.

¿Cómo puede entonces integrarse la gestión de riesgos de desastres de manera eficiente con otros aspectos que le son intrínsecos como la gestión del suelo, las infraestructuras de servicios y transporte o la vivienda? Un caso emblemático lo constituye Lima, la capital de la república, donde se sigue manteniendo vigente un plan de desarrollo metropolitano formulado en 1990 que no guarda relación alguna con los desafíos actuales de la metrópoli y carece de un enfoque de gestión de riesgos que articule transversalmente a todos sus componentes. En la actualidad existen, por ejemplo, 250.000 mil personas asentadas en zonas de riesgo irreversible en las partes altas de las quebradas y cerros que rodean la metrópoli, y esta situación está lejos de convertirse en un tema de preocupación pública latente hasta que la ocurrencia de un desastre lo catapulte sin duda como tema prioritario.

Ante la necesidad de reforzar el marco normativo que facilite la implementación efectiva de políticas de desarrollo territorial se hace necesario contar con una ley del suelo que establezca claramente tanto los derechos como las responsabilidades frente al uso racional y sostenible del territorio en un contexto de prevalencia del interés común. Actualmente la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República viene trabajando una propuesta cuyo debate es necesario seguir con atención. Como parte de este proceso, el jueves último organizó un foro público en el palacio legislativo con especialistas del Lincoln Institute, entidad que posee una amplia y reconocida experiencia en la formulación de políticas de manejo del suelo.

Las experiencias mostradas en países vecinos evidenciaron el atraso que experimentamos en materia de instrumentos de gestión que promuevan el desarrollo territorial. Esto no deja de ser sintomático en un país carente de una cultura de prevención arraigada y poco afecto a plantearse objetivos estratégicos a largo plazo. Revertir esta tendencia es el desafío que debemos enfrentar hoy de cara a la responsabilidad que tenemos de garantizar mejores oportunidades y condiciones de vida a las generaciones futuras.