Dinero electrónico, IGV e inclusión financiera, por J. Schuldt

¿Sería ventajosa la adopción de una política pública encaminada a incorporar masivamente la moneda digital como medio de pago para el uso generalizado de los agentes económicos? Sin duda, porque entre otros beneficios reduciría sustancialmente los costos de transacción monetaria e incrementaría la reducida inclusión financiera. 

Esta propuesta aprovecharía la plataforma tecnológica que posee el Banco de la Nación (BN) y establecería una cuenta especial que contendría los depósitos que darían lugar a tales medios de pago electrónicos. Ese medio se establecería a escala nacional, en soles, sin intereses ni costos, y sería un sistema parecido al de la billetera monetaria que administran actualmente algunos bancos comerciales (aunque ellos con pago de por medio).

Este instrumento de transacción sería creado por flujos monetarios que se depositen en las cuentas del BN, provenientes inicialmente de los depósitos mensuales del total de las remuneraciones de los empleados del gobierno y las empresas públicas. ¿Cómo funcionaría? Cada persona poseerá su monedero electrónico de activación inmediata por mensajes de texto (SMS) para registrar pagos a (o ingresos de) otros agentes económicos. Un procedimiento facilitado por el hecho de que el 95% de la población posee algún móvil compatible para realizar estas transacciones a nivel nacional, así como por la amplia red de agencias, cajeros automáticos y agentes del BN (más de 7.000 puntos a nivel nacional) y por las generalizadas campañas educativas y reformas legales e institucionales que lo precederían.

Desde un inicio, esos empleados sabrán que no se trata de una modalidad coercitiva porque pueden cambiar parte o todo su fondo en la cuenta por dinero en efectivo o comprar prácticamente todo lo que deseen con ese cómodo medio de pago, que los premiará con un descuento del IGV por cada compra electrónica. Esa notoria rebaja es precisamente el “incentivo” que se les ofrece por formar parte del sistema público de dinero electrónico. Posteriormente podrán adherirse todas las empresas y personas dispuestas a beneficiarse con esa rebaja, aparte de la comodidad, seguridad y velocidad que ofrece la billetera electrónica.

¿Quién les aceptaría ese medio de pago? Para comenzar el Estado, el cual recibiría pagos de impuestos, tasas, aportes y demás en dinero electrónico. Por otra parte, el BN tendría que comprometer la participación de los oligopolios que dominan cada una de las principales ramas económicas (luz, telefonía, agua, ferreterías, supermercados, farmacias, restaurantes, etc.). Con ello, la mayoría de empresas –incluidas las mypes– se plegarían, formalizándose. Lo harían por el ahorro en IGV, para evitar perder mercado ante sus competidores y para no tener que recurrir tan a menudo a la banca comercial, ni tener que pagar las exageradas cargas que les cobran por sus transacciones.

Este enfoque es muy distinto al de los dineros electrónicos (como medios de pago), implementados exitosamente en Kenia o desastrosamente en Ecuador. Tampoco se parece a las criptomonedas (bitcoins) o a los “dineros paralelos” (también electrónicos) que se intentaron adoptar en la Eurozona mediterránea desde el 2010, particularmente en Grecia el año pasado.

Una propuesta de este tipo tropezará con múltiples críticas. Especialmente porque caería la presión tributaria por la drástica reducción del IGV, a lo que habrá que responder que se espera que la próxima reforma fiscal integral de este gobierno la compense con impuestos directos y progresivos; porque es inadmisible que el grueso de la recaudación provenga de los impuestos indirectos (como el IGV) so pretexto de que son los más fáciles de recaudar, cuando el problema es que son distributivamente regresivos. Además, parte de esa reducción se compensaría con la formalización de nuevos actores, por el incremento en las ventas que generaría la reducción del IGV y por la disminución de los costos de impresión y transporte de los billetes y monedas en efectivo.