La crisis que se nos viene

La recesión dejó una gran huella en las finanzas públicas. A pesar del rebote de la economía, los ingresos tributarios a marzo cayeron en un 10,5% en términos reales, llevando el déficit fiscal al 3,3% del PBI, muy lejos de la meta fiscal de 2%. Esto ha llevado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a elevar la meta fiscal a 2,5%, en un momento en que S&P nos puso a un escalón de perder el grado de inversión. El aumento del precio del cobre y del oro podría resultar en una mayor recaudación, pero el MEF ha decidido dilatar el ajuste del gasto.

La aprobación por parte del Congreso del séptimo retiro de los fondos de pensiones podría resultar en que más de ocho millones de afiliados vacíen sus cuentas en las AFP y, combinado con la propuesta de reforma de pensiones del MEF que introduce una pensión mínima para todos los afiliados, pone aún más presión sobre las finanzas públicas. No resulta muy descabellado pensar que la gran mayoría de estos afiliados va a pedir su traslado al sistema público de reparto y va a obligar al Gobierno a financiar las pensiones con futuros impuestos.

La tendencia es hacia un deterioro secular de las finanzas públicas y un aumento en la deuda. El Gobierno ha pedido facultades para legislar en temas tributarios, por lo que pareciera que tiene pensado aumentar los impuestos a partir del 2025. Propone una versión modificada del PL 6768/2023-PE que hizo el exministro Alex Contreras: plantea recargar la recaudación sobre la pequeña y mediana empresa, aquella que quisiéramos promover.

Sin contar los regímenes sectoriales y promocionales, existen cuatro regímenes tributarios: el general, para las grandes empresas, que pagan un máximo de 29,5% sobre sus utilidades; uno llamado Mype Tributario, para las pequeñas y medianas empresas, en el que se cobra sobre las utilidades y la tasa es de alrededor del 17%; y, por último, dos más para las pequeñas empresas, el RER y el nuevo RUS, que pagan sobre la base de sus ventas y un monto fijo en soles, respectivamente.

La propuesta del MEF es eliminar el RER y el Mype Tributario para que las millones de mypes pasen a pagar en el régimen general. Pareciera una fantasía que una empresa que paga 17% voluntariamente decida pagar 29,5%. Lo más probable es que estas empresas busquen refugio en la informalidad.

Lo sensato sería, primero, simplificar los requerimientos de información solicitados a las grandes empresas e implementar el uso de inteligencia artificial y big data para fiscalizarlos, como hacen otras autoridades tributarias. Después de la digitalización que iniciamos en el 2016, la Sunat podría aplicar el big data para fiscalizarlas sin la necesidad de la gran cantidad de información que se les solicita.

Segundo, el MEF se confunde al eliminar el Mype Tributario y dejar el nuevo RUS. Lo deseable es que las empresas, por más pequeñas que sean, paguen en función de sus utilidades. En el 2016, cuando creamos el Mype Tributario, lo ideamos como un régimen intermedio antes de pasar al general, y con requerimientos de información muy sencillos: solo debían entregar en una hoja de cálculo sus ingresos y gastos. La idea era estimular su crecimiento para que puedan convertirse en medianas y después grandes empresas.

Finalmente, la gran reforma es eliminar los múltiples regímenes sectoriales y promocionales, así como las exoneraciones tributarias que coexisten. En la gestión del exministro Contreras se ampliaron las exoneraciones a muchos sectores, lo que hace que empresas con ingresos similares tengan distintas tasas efectivas de impuestos. La experiencia nos dice que esto solo resulta en mayor evasión. Más preocupante aún es que esta diferenciación de tasas distorsiona la rentabilidad de capital y hace que las empresas decidan invertir en función de las exoneraciones tributarias y no de la rentabilidad de su capital.