(Ilustración: Jhafet Pinchachi)
(Ilustración: Jhafet Pinchachi)
Alfredo Thorne

En un clima de crispación política como el que hemos vivido las últimas semanas conviene preguntarse: ¿Por qué cada cierto tiempo entramos en esos momentos de enfrentamiento político que no nos permiten ver más allá de nuestras narices? Sucedió durante el primer gobierno de Fernando Belaunde, y antes con el de José Luis Bustamante y Rivero, y muchos años atrás con el de Augusto B. Leguía. Algunos lo podrán atribuir a circunstancias históricas específicas, o a simples desacuerdos políticos, pero debe haber algo más.

Lo cierto es que, en su mayoría, estos episodios han sucedido después de épocas de gran prosperidad económica, al final de un ciclo expansivo, cuando ya no podíamos sostener el crecimiento de la economía y cuando nuestro débil Estado no podía contrarrestar la desaceleración económica. Quizá no deberíamos de ver estos enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo en abstracto, como simples caprichos de distintas fuerzas políticas, sino como resultado de fuerzas económicas mucho más poderosas que nos impiden avanzar.

La izquierda radical quisiera ver esto como la falla del modelo económico, pero quizá es todo lo contrario. Desde el 2001 hemos sido muy exitosos en reducir la pobreza a niveles nunca vistos y nos convertimos en líderes regionales en ello, lo cual ha generado un incremento de las clases medias. La migración hacia las ciudades también ha aumentado y, como lo ha documentado Richard Webb, la productividad del pequeño minifundio ha despegado. Sin embargo, nuestro éxito económico nos presenta nuevos retos. En la década de 1960, José Matos Mar empezó a hablar del “Estado desbordado” y otra vez estamos ante la presencia de una urbanización desbordante que no logra canalizarse en prosperidad.

El Congreso es donde este choque de fuerzas se refleja de mejor manera. Es donde mejor representadas están las demandas regionales y el desborde popular. Lima ya dejó de ser la región que más crece y donde se concentran las presiones populares. Según el INEI, ya no es solo Lima la que lidera en generación de empleo, riqueza y competitividad. Hay regiones como Arequipa, Apurímac, Cusco o Moquegua que la han sobrepasado en crecimiento per cápita y la urbanización y emergencia de clases medias toca a casi todas las grandes ciudades.

En este entorno, el manejo macroeconómico se complica. Nuestra estabilidad fiscal y monetaria, obtenidas de las reformas macroeconómicas que nos permitieron crecer de manera sostenida, se cuestiona. El crecimiento no ha sido suficiente para muchos sectores emergentes que exigen mayor presencia de un Estado –mejores servicios públicos, infraestructura, seguridad– que muchas veces no encuentran.

Inicialmente las reformas de la década de 1990 (que nos permitieron integrarnos a la economía mundial, liberalizar el mercado financiero y obtener solidez fiscal) nos otorgaron suficientes ganancias de productividad. Pero estos beneficios ya no son tan fáciles de conseguir y las reformas que las podrían generar, como la laboral, necesitan de mayor consenso en el terreno económico y político. No solo en el Congreso, sino en la sociedad como un todo.

Muchas de estas nuevas reformas son de largo aliento, como la educativa y de salud pública. Otras tantas deberían de atacar la disparidad productiva entre el mundo formal e informal, asegurar la movilidad de las clases medias, que las empresas transiten de pequeña a mediana y grande y que no se queden estancadas en pequeñas (como suele suceder en nuestro sistema).

La parálisis en este proceso de transformación económica nos vuelve presa del populismo. Esa emergencia popular induce a medidas parciales, que poco hacen por solucionar el problema de fondo, pero atienden a ciertos grupos de presión política que logran beneficios parciales a costa de las grandes mayorías. Se construye así un populismo, como el que ha surgido en muchos otros países y como nos ocurrió en el pasado, que en lugar de generar aumentos de productividad e inclusión social, genera todo lo opuesto. Poco a poco se erosiona nuestra ancla fiscal y monetaria que finalmente sirve como un gran muro de contención para evitar que el desborde popular termine generando una crisis económica como las que ya hemos vivido en el pasado.

Salir de este dilema de política económica y política-política no es fácil, menos aun cuando la vieja generación de políticos ha perdido su liderazgo por la crisis de Lava Jato. La solución está en saber que la generación de riqueza que consigamos tiene que producir beneficios tangibles para estas clases medias, a través de una mayor movilidad social y empresarial. El reto no está en el qué hacer, sino en cómo lo logramos. Si en algo nos ayuda, no somos los únicos que han caído en este nudo gordiano, lo experimentaron en su momento Inglaterra, España, Alemania y muchos otros países.

Algunos como España en la década de 1980 optaron por los Pactos de la Moncloa; otras naciones europeas por el parlamentarismo. Lo que sabemos es que probablemente futuros gobiernos sigan enfrentando una polarización entre Ejecutivo y Legislativo, pues son los balances necesarios de cualquier democracia moderna y lo que nos blinda de la corrupción. El reto de los políticos es generar los amplios consensos, mas allá del propio Congreso, que nos permitan avanzar y generar prosperidad para todos.

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