(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Nelson Shack

Contralor general de la República

La violencia con la que el COVID-19 golpea al país y enluta a miles de familias desde hace más de dos meses representa el reto más grande que ha enfrentado el Perú en este siglo y obliga a la adopción de medidas extraordinarias para tratar de contener el avance de los contagios, proteger la salud de las personas, y al mismo tiempo salvaguardar la estabilidad financiera y laboral, en un contexto de desaceleración global.

El Perú fue uno de los primeros países de la región en decretar el estado de emergencia sanitaria y un plan de acción para promover la reactivación económica, destinando más de S/67.000 millones. Para asegurar su rápida ejecución, el Gobierno adoptó un marco normativo que flexibiliza la adquisición de bienes y la contratación de servicios y dispuso la entrega de bonos y ayudas sociales a sectores vulnerables por más de S/7.700 millones, fondos que deben ser supervisados eficientemente.

Frente a esta situación y por mandato de una ley expresa, la Contraloría General diseñó la Estrategia Integral de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19, orientada a prevenir los riesgos de la corrupción, que solo en el 2019 ocasionó pérdidas al Estado por más de S/23.000 millones.

La estrategia está centrada en contribuir, a través del control, al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud y la protección adecuada del personal sanitario, policial y militar; y en apoyar la mitigación de los efectos de las medidas de inmovilización con la verificación de canastas básicas y entrega de bonos. Busca, además, contribuir a la implementación de las medidas de reactivación económica (Reactiva Perú y otros).

Así, la Contraloría General viene desplegando en el país más de 1.600 auditores provistos de equipos de bioseguridad para supervisar cerca de 1.400 entidades y emitir 4.500 informes de control. A la fecha, llevan emitidos más de 2.900 informes que alertan a las instituciones y a la ciudadanía sobre las deficiencias e irregularidades.

En esa tarea se comprobó la compra de implementos de protección que no cumplen con las especificaciones técnicas o que fueron adquiridos a proveedores poco idóneos y a precios injustificados. Además, se alertó de que un alto porcentaje de municipios no rinde cuenta de la entrega de canastas familiares o no publica las listas de sus beneficiarios; pero más grave aún es que tras el análisis sistematizado de información de distintas bases de datos se detectó como beneficiarios de dichas canastas básicas a funcionarios y servidores públicos no pertenecientes a sectores vulnerables.

Se verificó, además, que los servicios de limpieza y desinfección de vehículos de transporte público de Lima y Callao requieren una adecuada supervisión para evitar la propagación del virus en puntos de mayor afluencia de público. Incierta es la situación del transporte público en otras regiones del país dado que aún no se cuenta con los recursos asignados a ello, y algo similar podría decirse de los mercados públicos.

El modelo de control concurrente aplicado a la emergencia se caracteriza por prevenir un perjuicio irremediable al Estado, pero no impide un control posterior, de ser necesario, para identificar responsabilidades de funcionarios o servidores públicos. La corrupción y la inconducta funcional deben ser sancionadas ejemplarmente; con mayor razón en una situación en la que una compra tardía o mal hecha podría inclinar la balanza hacia la vida o la muerte.

Lo avanzado en el control durante esta pandemia ha permitido arribar a significativas conclusiones para reforzar el control gubernamental, a través del uso intensivo de las tecnologías de la información (analítica descriptiva y predictiva) para hacer frente a la infiltración sistemática de la corrupción, y el desarrollo de herramientas como el Monitor de transparencia y control para fortalecer el control ciudadano y la rendición de cuentas. También la emergencia ha permitido constatar la importancia de adecuar la gestión estatal a situaciones excepcionales y perfeccionar la normativa sobre adquisiciones de bienes, limitar la actuación de intermediarios y contar con sanciones administrativas eficaces.

Estando tan cerca de conmemorar el bicentenario de la independencia, acabar con el viejo virus de la corrupción es una tarea impostergable que tenemos para lograr que nuestros ciudadanos puedan acceder a obras y servicios de calidad, sobre todo en situaciones de emergencia.