"La legitimidad es lo que hace posible que un gobierno mantenga el apoyo de las mayorías y cuando esta se pierde, como le ha sucedido a nuestros vecinos, las autoridades se ven en serias dificultades". (EFE/ Paolo Aguilar).
"La legitimidad es lo que hace posible que un gobierno mantenga el apoyo de las mayorías y cuando esta se pierde, como le ha sucedido a nuestros vecinos, las autoridades se ven en serias dificultades". (EFE/ Paolo Aguilar).
Natalia Sobrevilla Perea

Mientras los disturbios callejeros aquejan a nuestros vecinos, en el nos preparamos para unas inusitadas elecciones parlamentarias. A diferencia de la pérdida de legitimidad desencadenada por motivos diversos en Ecuador, Chile y Bolivia, el sistema político peruano resulta sorprendentemente resiliente ante la conmoción, especialmente si se considera que hace menos de un mes el Ejecutivo disolvió el Congreso, frenando de esta manera la confrontación entre los poderes del Estado. El llamado a las urnas fue inmediato, la Comisión Permanente del Congreso sigue en actividad, las reacciones callejeras están completamente ausentes y el Tribunal Constitucional sigue teniendo la última palabra.

¿Dónde radica la diferencia con nuestros vecinos? En gran medida la tranquilidad pública que se vive en el Perú se debe a que la mayoría de la población está de acuerdo con el presidente y considera que el cambio parlamentario era no solamente necesario, sino además legítimo, ya que las conexiones entre muchos de los legisladores con la corrupción son evidentes. Mientras que otros representantes han elegido apañar un sistema que hizo posible el abuso de funciones, así como la protección de quienes han sido sindicados como participantes en sistemas profundamente corruptos. Si bien el presidente inicialmente buscó que las elecciones fueran anticipadas para todos, esto no fue posible debido al empecinamiento de algunos parlamentarios que buscaron desestabilizar aún más la situación al tratar de reemplazar a los miembros del Tribunal Constitucional.

Se ha debatido mucho en las últimas semanas si las acciones del presidente fueron legales o no, sus opositores han hablado incluso de golpe de Estado. Y si bien la Constitución puede ser interpretada de distinta manera por los expertos, lo que queda en claro, especialmente después de ver lo que sucede en el resto del continente, es que la gran mayoría de los peruanos considera que la medida tomada por el Ejecutivo de disolver el Legislativo fue legítima. Con el avance de las investigaciones sobre la participación de parlamentarios en los sistemas de corrupción organizados por la constructora brasileña Odebrecht, la situación del Congreso se fue haciendo más endeble hasta que llegó al punto de quiebre cuando quedó claro que sus acciones buscaban garantizar la impunidad.

La legitimidad es lo que hace posible que un gobierno mantenga el apoyo de las mayorías y cuando esta se pierde, como le ha sucedido a nuestros vecinos, las autoridades se ven en serias dificultades. La legalidad es sin duda importante, pero por sí misma no lleva necesariamente a que la gente salga a la calle a protestar, para esto hace falta que se pierda legitimidad. En el Perú la lucha frontal contra la corrupción, de la cual el es también parte, ya que el Ejecutivo buscó evitar la cooptación del Tribunal Constitucional, ha abierto una válvula de escape ante el cansancio ciudadano. Pero, para mantener esta legitimidad, es necesario que los representantes que sean elegidos en las elecciones parlamentarias de enero del 2020 garanticen y fortalezcan la lucha frontal contra la corrupción.